El gabinete de la desconfianza

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No será novedad decir que los movimiento ambientalistas se han tomado la escena local, tanto “Este Polvo te Mata” como “No más Quemas” juegan un rol clave en lo que parece ser el mayor problema para el Gobierno Regional: la contaminación. Mientras los movimientos ambientalistas tienen un relato claro, el gobierno parece tambalear entre la indecisión y la poca experiencia para afrontar la crisis, y lo peor, sin dar muestra de un avance concreto en la materia en cuestión.

Frente a la serie de cuestionamientos que se les puede hacer a las autoridades, más a allá de la incapacidad de la que han hecho gala algunos secretarios regionales ministeriales, conviene hacer una critica más profunda en el tema y que guarda relación con un fenómeno nacional que se ha plasmado en dos escándalos recientes, a saber; caso Caval y el bullado caso Penta, ambos casos involucran la corrupción de las instituciones y el trafico de influencias de privados en el Estado.

Recientemente en redes sociales se ha cuestionado el pasado de algunas autoridades del gobierno regional de Antofagasta, con vínculos directos con empresas cuestionadas por ser agentes contaminantes, y que han llevado a cabo proyectos que parecieran burlarse de nuestra precaria legislación ambiental. Frente a esto uno podría preguntarse ¿son confiables nuestras autoridades para manejar la actual crisis ambiental?

Las dos autoridades que parecen ser más cuestionadas en este tema, y que juegan un rol no menor, son la actual secretaria regional ministerial de gobierno, y su par de medio ambiente. Recordemos que Stefania Carvajal fue hasta hace poco funcionaria de EPA y ATI, y que Ramón Arestegui Gómez trabajo en Minera Cerro Colorado, perteneciente a BHP Billiton. ¿Es importante el pasado laboral de tan altas autoridades regionales? Después del papelón realizado por Pablo Wagner no queda duda que toda autoridad debe ser examinada antes de su elección, trabajo que parece no llevo a cabo la Democracia Cristiana local, y que hoy parece traer la peor repercusión política; la pérdida de la confianza por parte de la ciudadanía. ¿Cómo podemos confiar los ciudadanos en que se darán soluciones que no sean a la medida si nuestras autoridades probablemente, terminado su periodo, volverán con sus antiguos empleadores? ¿Cómo sabemos que no serán como Pablo Wagner? No lo sabemos, no hay forma de saberlo y frente a esto el gobierno debe tomar una decisión.

La política no solo se trata de declaraciones de intenciones, sino también de gestos, y si el gobierno regional quiere recobrar la confianza de la ciudadanos debe al menos realizar un pequeño gesto, y sacar de primera línea a quienes abiertamente no generan la confianza necesaria, sin esto no se le puede pedir a los movimientos sociales que den un salto de fe y que confíen en las promesas realizadas por el gobierno, pues pareciera cada vez más que se ha dejado al gato al cuidado de la carnicería.

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