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viernes, 29 marzo, 2024
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Tribunales

Ciudadano colombiano fue condenado a 12 años de cárcel por homicidio en plaza de Antofagasta

El hecho ocurrió el año pasado en Av. Rica Aventura, en donde el imputado golpeó y asfixió a la víctima hasta provocarle la muerte.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó al ciudadano colombiano Maximiliano Valencia Palacios a la pena de 12 años de presidio efectivo por el homicidio de Luis Ugarte Inostroza, hecho ocurrido madrugada del 7 de mayo de 2022.

Nota relacionada | Familia relata la historia de Luis Ugarte Inostroza: víctima de homicidio en plena vía pública en Antofagasta

En fallo unánime (causa rol 352-2023), el tribunal –integrado por los magistrados José Luis Ayala Leguas (presidente), Constanza Encina Zacur y Patricia Alvarado Padilla (redactora)– dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las dos de la madrugada del 7 de mayo de 2022, “(…) en la plaza ubicada en calle Rica Aventura a la altura del 10.620 de esta ciudad, el acusado Maximiliano Valencia Palacios, tras discutir y forcejear con la víctima Luis Ugarte Inostroza, se golpearon recíprocamente en la calzada de dicha arteria, lo que fue interrumpido por un automovilista; acto seguido, ambos continuaron su discusión alejándose del lugar donde estaba situada la cámara que grabó los hechos (Ricaventura 10650); cruzaron nuevamente la calle hacia la plaza, en cuyo lugar el acusado se abalanzó nuevamente sobre la víctima quien cayó al suelo, instante en que el acusado se posicionó sobre la víctima y la agredió con golpes en distintas partes de la cabeza, a consecuencia de los cuales la víctima resultó con traumatismo cráneo encefálico; ocurrido lo anterior el acusado ejerció presión con sus manos en el cuello de la víctima en una maniobra de estrangulamiento que le provocó la muerte en el lugar, siendo la causa de la misma una asfixia mecánica derivada de una estrangulación manual”.

El tribunal aplicó, además, a Valencia Palacios a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación al registro nacional de ADN de condenados.

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