El sistema de nombramiento de ministros de los tribunales ambientales es largo y engorroso, explicó Mauricio Oviedo, quien el mes pasado finalizó su etapa como presidente del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), con jurisprudencia en toda la macrozona norte del país. El abogado manifestó que actualmente, el 1TA solo cuenta con dos de sus cinco ministros y que la designación de un titular puede extenderse hasta por más de dos años, tiempo en el que la tramitación de causas, deben incorporar de manera puntual algún ministro de la Corte de Apelaciones en el caso de los abogados, y alguno de un tribunal ambiental de Santiago o Valdivia, en el caso de los especialistas en ciencias.
Oviedo sostuvo que, en este escenario, el sistema de subrogación lleva a que los procesos se ralenticen, ya que no es lo mismo contar con la dotación completa en Antofagasta y reunirse cuantas veces sea necesario, que verificar la agenda de los subrogantes y ver si cuentan con disponibilidad para tener la integración completa para una causa. “Hay una merma en los tiempos de tramitación, pero se enfrenta con la dotación completa del staff de asesores y los casos se siguen trabajando”, apuntó el expresidente del 1TA, quien agregó que el proceso debería ser similar al del Poder Judicial para evitar los extensos periodos de espera.
En entrevista con Timeline.cl, el ministro también habló sobre la relevancia de los tribunales ambientales en Chile, destacando que no es fácil encontrar en el mundo países con justicia ambiental especializada, con jueces científicos y abogados. Por ello, remarcó que esta institucionalidad llegó para nivelar hacia arriba las materias ambientales y que las grandes empresas así lo han entendido. “Los juicios y reproches ambientales siempre existirán, pero al mirar cómo estamos y compararlo con el año 2000, es un salto gigantesco”, aseguró.
Respecto de las vacantes, ¿cuál es el estado de los cargos de ministros en el tribunal?
La regla general es que los jueces duramos en el cargo seis años. Lo que pasa es que con la instalación, algo que ocurre solo una vez en la historia del tribunal, por ley algunos de esos ministros estaban condicionados a dos, cuatro y seis años en su puesto, mi periodo dura hasta el 2023. Entonces se fueron los ministros que estaban nombrados por dos y cuatro años, por eso en este momento estamos solamente los nombrados por seis años (Oviedo junto al ministro suplente en ciencias, Fabrizio Queirolo).
Los cargos están vacantes y el proceso de nombramiento en el Tribunal Ambiental es largo y uno de los procedimientos más engorrosos del sistema judicial. Se conforma una lista de candidatos idóneos por la Alta Dirección Pública, esos nombres se remiten a la Corte Suprema que conforma una quina, la que se envía al presidente de la República, que elige a uno. Sin embargo, luego tiene que ser ratificado por dos tercios de los miembros en ejercicio del Senado. Ahí tenemos cuatro pasos y por eso es lento, en la práctica tenemos un cargo vacante hace dos años, un ministro titular abogado, a quien le corresponderá asumir la presidencia.
- En la práctica, ¿qué efectos tiene para el trabajo del tribunal este retraso o procesos tan extendidos para definir los nombramientos?
Tiene impacto en la gestión interna, porque en la práctica en los últimos dos años, integramos las audiencias con ministros de cortes de Apelaciones. El ministro de ciencias, que se fue hace un mes, a partir de ahora debe ser subrogado por su par de otro tribunal ambiental, ya sea de Santiago o de Valdivia. Este sistema de subrogación lleva a que los procesos se ralenticen, ya que no es lo mismo tener la dotación completa en Antofagasta y reunirse cuantas veces sea necesario, que verificar la agenda de los subrogantes y ver si cuentan con disponibilidad para contar con integración completa para una causa. Tratamos de que eso no nos afecte en la dictación de fallos, porque la integración de ministros de otros tribunales la necesitamos para conformar la sala y ver el caso, pero en la práctica, la causa continúa con el equipo del tribunal, que tiene un staff de asesores de ciencias y jurídicos. Hay una merma en los tiempos de tramitación, pero se enfrenta con la dotación completa del staff de asesores y los casos se siguen trabajando.
- ¿Cuál debería ser el sistema ideal para evitar estos periodos tan extensos de vacancia?
Modificar derechamente el sistema de nombramientos, un tema que está sobre la mesa hace bastante tiempo, con algunas propuestas que no han prosperado y que corresponden a una modificación legislativa, la ley 20.600 de tribunales ambientales. Si me preguntan a mí, asimilaría el proceso de nombramiento a lo que ocurre con los ministros de las cortes de Apelaciones, donde el Poder Judicial, a través de su Corporación Administrativa, hace un llamado a concurso y es el mismo Poder Judicial el que selecciona a las personas para conformar la quina o terna que se envía al presidente de la República. Quizás ésta sería una forma de acelerar y evitar tanta dilación, ya que tenemos los dos trámites adicionales, la Alta Dirección Pública y la ratificación en el Senado, lo que es complejo y ha ralentizado varios meses la designación de cargos en Santiago y Valdivia.
También reducir un poco las exigencias, los ministros de los tribunales ambientales, a diferencia de los jueces del Poder Judicial, no tenemos una permanencia indefinida en los cargos y eso lleva a que no existan tantos postulantes, ya que solo estarán un tiempo y la inhabilidad de salida es fuerte, los ministros que ejercieron el cargo no pueden litigar en el mismo tribunal durante dos años. Son las reglas del juego, pero para los próximos procesos correspondería hacer ajustes legislativos para hacerlo más expedito.
- ¿Cuánto tiempo puede tardar desde que el cargo queda vacante hasta que se designa un titular?
Hay distintos escenarios, en lo más rápido, tenemos plazas que se han ocupado en seis u ocho meses y lo más lento, ha superado los dos años. Eso depende de cada tribunal, del tipo de cargo, quizás los suplentes se tramitan más rápido porque tal vez no tienen la misma relevancia del titular que está en la toma de decisiones. Pueden ser varias razones, como depender de la situación del país, que hoy está ocupado con otras materias, el estallido social y luego el covid y eso puede ralentizar los nombramientos. Hay un problema estructural en el diseño del sistema de nombramientos, sí, ahí está el primer problema, y luego están las coyunturas de cada año. Así como tenemos inquietud en nuestro sistema de nombramiento, también hay atraso en el nombramiento de jueces en general, es un problema de nuestra institucionalidad, lo que pasa es que nos afecta más porque no tenemos a nadie que nos supla.
- ¿Han manifestado esta necesidad de modificar el sistema a nivel legislativo?
Lo hemos conversado, con el Ministerio de Medio Ambiente, con parlamentarios de las macrozonas más afectadas, como Valdivia y Antofagasta, pero no de manera formal ni oficial, por decirlo de alguna manera. No hemos planteado una postura de una eventual tramitación de un proyecto de ley, no nos han consultado oficialmente nuestra opinión de cómo mejorar estos procesos. Si el Senado quisiera promover una ley para modificar el sistema de nombramiento, felices iríamos a dar nuestra opinión, pero eso aún no sucede. Hace un tiempo conversé con el senador (Pedro) Araya, quien estaba muy preocupado por este tema y entiendo que tenía intención de presentar un proyecto para abordar esta materia. No sé en qué está todo, pero el senador es uno de los que ha promovido una modificación de los nombramientos y en la macrozona sur, creo que el senador (Alfonso) De Urresti está preocupado por estas dificultades para conformar una dotación completa de ministros.
Hitos del periodo
- ¿Qué hitos marcaron su etapa en la presidencia del tribunal?
La consolidación del tribunal en varios aspectos. En lo material, la sede está completa y ampliada para funcionar de aquí hacia adelante sin problemas. Lo segundo fue completar la dotación y tener un equipo permanente, con profesionales que se incorporaron y los más antiguos llevan cuatro años. El tribunal también hizo lo que estaba propuesto, darse a conocer y recorrer la macrozona completa, interactuar con los stakeholders que se visualizaron como actores importantes en el territorio. Esto es relevante, no es que toda la ciudadanía conozca el tribunal, pero las autoridades judiciales, municipales, lo conocen y saben que cuentan con él para sus requerimientos. En términos gruesos, esto constituyó la consolidación del tribunal.
- ¿Con la consolidación del Primer Tribunal, percibieron un aumento de la demanda por justicia ambiental?
Desde el 2019 al 2021 hubo un crecimiento en el número de ingresos al tribunal, lo que responde al mayor conocimiento de la ciudadanía de nuestra existencia. Pero el crecimiento que venía mostrándose se estancó con el inicio de la pandemia. Hoy el ingreso de causas es lento, pero regular, y vemos a un usuario distinto al que frecuentemente nosotros visualizamos, que son las grandes compañías, proyectos de infraestructura versus el Estado, el SEA o la SMA. En el último tiempo estamos viendo con alegría, causas que arrancan desde la ciudadanía, desde los municipios o una conjunción de ambos. Eso es lo más destacable, que actores intermedios vieran las posibilidades que tienen de obtener justicia ambiental oportuna y certera. Nos queda por avanzar, teníamos un plan de difusión que lamentablemente el covid detuvo, y si se dan las condiciones sanitarias, volveremos con ese plan para llegar a la mayor cantidad de gente posible.
- ¿Percibe aspectos que requieren de difusión sobre el funcionamiento de los tribunales ambientales?
Hay mucha confusión, gente que piensa que somos un órgano donde pueden denunciar, cuando las denuncias en esta materia son en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Es un rol de educación que nosotros creemos que debemos cumplir, transparentar información para que las personas no pierdan el tiempo y sepan dónde y qué derechos pueden ejercer, ya que no todo se puede solucionar en la justicia ambiental.
Para que se comprenda el rol del tribunal antes debe entenderse el esquema de la institucionalidad ambiental en su conjunto, la función de la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental. Cuando logremos explicar que éstos son un órgano del Estado y nosotros uno judicial, que cumple rol de control de los primeros, la gente sentirá más cercana esta justicia y al Estado. Esto es un problema general y lo que nos pasa es una muestra de ello.
- ¿La legislación ambiental chilena va a la par del desarrollo científico y de conocimiento?
En materia ambiental Chile es líder en la región, eso sin lugar a duda. Si miramos esto en el concierto sudamericano, somos privilegiados de tener justicia ambiental especializada, con los errores y aciertos en estos casi diez años. No es fácil encontrar en el mundo países con esta justicia, con jueces científicos y abogados. En cuanto a la institucionalidad es fuerte y va creciendo, obviamente falta mucho por mejorar, cada año sube el estándar de la evaluación ambiental de proyectos, de la fiscalización y es un círculo virtuoso. Los tribunales ambientales llegaron para nivelar hacia arriba a este Estado administrador muchas veces lento, criticado por burócrata. Al mirar estos diez años de institucionalidad ambiental, solo es ganancia y lo vemos en la misma cultura productiva, donde hace mucho tiempo los grandes operadores industriales internalizaron que su actividad seguirá siendo importante, pero incorporando la variable sostenibilidad, lo que es positivo. Los juicios y reproches ambientales siempre existirán, pero al mirar cómo estamos y compararlo con el año 2000, es un salto gigantesco.
