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martes, 29 abril, 2025
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Caso Convenios

Abogado querellante considera que causa de ProCultura que abarca seis regiones podría agruparse en Antofagasta

Pablo Toloza declaró que, por razones prácticas, la investigación que hasta el momento se desarrolla de manera desformalizada debería agruparse en una sola causa para llegar al proceso de formalizaciones. El abogado fue el primero en presentar una querella contra la ONG y por ello cree que la indagatoria quedaría radicada en Antofagasta. Además, indicó que, si en esta causa eventualmente fuesen formalizados gobernadores, el Ministerio Público primero tendrá que solicitar el desafuero en la Corte de Apelaciones de su respectiva región, tal como ocurrió con la diputada Catalina Pérez.

Pablo Toloza, querellante contra la fundación ProCultura, manifestó que la pesquisas contra la ONG que se desarrollan en seis regiones del país deberían quedar agrupadas en Antofagasta. El abogado explicó que esto podría ocurrir ya que la primera acción judicial contra la organización fue presentada por él en esta ciudad. Junto a ello señaló que, por cuestiones prácticas, la causa tendría que refundirse para evitar que en la etapa de formalizaciones el caso que tiene elementos en común se revisada por distintos tribunales, Al mismo tiempo, agregó, servirá para elevar la cantidad de delitos a imputar al totalizar una única cifra supuestamente defraudad.

Toloza detalló que el plazo del secreto de la investigación concluyó hace unos 15 días, momento en el que solicitó copia de la carpeta al fiscal Patricio Cooper, quien lleva la investigación. “Hay que recordar que en ProCultura existen diligencias seis regiones. Antofagasta fue la primera con la querella que interpusimos nosotros por el caso de la pintura de fachadas y ahí comienza la indagación. Hay otra causa en Valparaíso, en la Región Metropolitana por un programa de prevención del suicidio, otra en Ñuble por un encuentro binacional Chile-Argentina; Biobío y Magallanes. En total esto suma alrededor de cinco mil millones de pesos”, afirmó.

El fiscal nacional, con base en sus facultades, asignó todas estas investigaciones al fiscal Cooper, quien no ha tomado aún la decisión de agruparlas, dijo Toloza. El secreto de la investigación se mantuvo durante un largo periodo, porque fue otorgándose de forma escalonada en las distintas regiones. Así, las indagatorias se ejecutaron en un contexto en el que no se podía dar conocimiento de lo realizados en una región a otra, porque había declaraciones y una serie de diligencias que incidían directamente.

El abogado expresó que, en su opinión, la causa se agruparía en Antofagasta por dos razones y una de ellas es que la investigación comenzó aquí con la querella que presentó contra la ONG.

“Si el fiscal Cooper toma la decisión de formalizar a gente de ProCultura y quizás a otras personas, si no está agrupada la investigación tendría que formalizar en cada una de las regiones, lo que sería inviable. Y en términos jurídicos, si el fiscal estima que en la formalización como medida cautelar de mayor intensidad deberá pedir la prisión preventiva, el hecho de que la causa esté agrupada significa que igual como ocurrió con Democracia Viva, no hablamos solo de un delito de fraude fisco, sino que seis ilícitos ocurridos en sus respectivas regiones”, apuntó Toloza. También subrayó que, al pasar a una sola causa, los montos se elevarían y sería mucho más probable que se otorgara una prisión preventiva.

“Ya solicitamos una copia de la carpeta investigativa, ya que no soy querellante en Antofagasta, también en la Región Metropolitana e indirectamente en Ñuble. El fiscal, a través de su equipo, señaló que había que esperar 15 días por temas netamente administrativos, lo cual concluyó la noche de ayer y desde hoy o mañana eventualmente podríamos obtener una copia de la carpeta”, adelantó.

DESAFUERO

Al tratarse de una investigación desformalizada, los plazos dependen del Ministerio Público, aunque el querellante espera que la decisión sea tomada de manera rápida, en atención al tiempo transcurrido y, además, porque en las pesquisas están involucrados los gobiernos regionales.

“En caso de que el fiscal tenga la intención de formalizar a gobernadores, primero tendrá que solicitar su desafuero, la misma medida con la que cuentan los parlamentarios. Y la solicitud de desafuero el Ministerio Público tendrá que pedirla en la Corte de Apelaciones que corresponda a cada región de los gobernadores”, precisó Toloza.

La primera querella contra ProCultura fue presentada por la UDI en Antofagasta a raíz de un proyecto que involucraba 629 millones de pesos aprobados por el Consejo Regional para un programa de “Recuperación de fachadas zona de conservación histórica”, el que surgió por el deterioro en el centro de la ciudad. Se asignaron millonarios recursos a la ONG, sin embargo, la iniciativa nunca llegó a materializarse por diversas dificultades e incluso, el Gobierno Regional puso término anticipado al proyecto y ahora está en un litigio para recuperar dineros fiscales.

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