El fiscal Eduardo Ríos Briones presentó un recurso de apelación contra la resolución dictada el 30 de septiembre de 2025 por el juez de garantía de Antofagasta, Hans Durán Vásquez, quien acogió el incidente de incompetencia planteado por la defensa de Claudio Orrego Larraín y ordenó derivar los antecedentes al 7º Juzgado de Garantía de Santiago.
La decisión también condenó en costas al Ministerio Público, lo que la Fiscalía calificó de “arbitrario e injusto” al sancionar el cumplimiento de un deber legal.
La investigación
Según la Fiscalía, el caso Procultura involucra convenios por más de $6.400 millones de pesos entre 2020 y 2023 en distintas regiones del país. En Antofagasta, solo los programas de asentamientos precarios, Quiero Mi Barrio y la recuperación de fachadas en el casco histórico superaron los $1.170 millones.
En la Región Metropolitana, en tanto, se cuestiona un convenio de $1.683 millones firmado en 2022 por el gobernador Claudio Orrego para un programa de salud mental y prevención del suicidio, pese a que la fundación carecía de experiencia técnica en la materia .
Los argumentos
El Ministerio Público sostiene que el tribunal de Antofagasta es competente para seguir conociendo la causa en virtud del artículo 159 del Código Orgánico de Tribunales, que establece la regla de “prevención judicial” para causas de carácter nacional y con delitos multiterritoriales, como corrupción y lavado de activos.
Asimismo, cuestiona que se resolviera la incompetencia antes de la definición del desafuero —trámite indispensable para autoridades aforadas— y acusa al juez de haber incorporado en la resolución afirmaciones que no fueron expresadas en audiencia.
Lo que viene
La Corte de Apelaciones de Antofagasta deberá pronunciarse sobre el recurso y determinar si la investigación del denominado “Caso Procultura” continuará en la capital regional o se trasladará definitivamente a Santiago.
