La Contraloría Regional de Antofagasta emitió el Informe Final de Investigación Especial N° 654, fechado el 25 de noviembre de 2025, donde -según el ente fiscalizador- se acreditan múltiples irregularidades cometidas por Paulina Vallejo Rojas, abogada a contrata de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Antofagasta, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025. El documento también establece responsabilidades por falta de supervisión de la entonces directora jurídica, Jessica Matus Arenas.
Según el informe, la funcionaria patrocinó y participó en acciones judiciales contra organismos del Estado, pese a que la ley prohíbe expresamente a los funcionarios públicos ejercer como representantes en litigios civiles contra entidades estatales. Entre ellas se encuentran causas ante el Juzgado de Letras de Tocopilla y la Corte de Apelaciones de Antofagasta, cuyos registros fueron verificados por el organismo fiscalizador.
Además, la Contraloría constató que Vallejo realizó gestiones judiciales privadas durante su jornada laboral, en ocasiones desde instalaciones municipales y utilizando su ClaveÚnica, lo que constituye uso indebido de tiempo y recursos públicos. Cinco actuaciones procesales ocurrieron en horarios que coincidían con su registro de asistencia municipal, sin autorización formal ni respaldo administrativo.
El informe también menciona que la entonces directora jurídica, Jessica Matus Arenas, estaba en conocimiento de algunas de estas actividades y autorizó informalmente al menos una diligencia, lo que evidencia —según el organismo— una falta de control jerárquico y vulneración al principio de probidad.
Asimismo, la investigación detectó deficiencias en el control interno, incluyendo conciliaciones bancarias sin revisión independiente y ausencia de procedimientos para verificar incompatibilidades profesionales de abogados municipales. También se hallaron retrasos de hasta 35 días hábiles en la emisión de decretos de permisos administrativos y horas compensadas.
Entre las medidas ordenadas, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Antofagasta iniciar un proceso de regularización para obtener el reintegro de las remuneraciones pagadas durante el tiempo no trabajado, implementar protocolos de supervisión y fortalecer los sistemas de control interno. De igual manera, anunció la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades en los hechos descritos.
El informe concluye que las irregularidades verificadas constituyen vulneraciones al principio de probidad administrativa y a normas que regulan la función pública, comprometiendo el correcto uso de recursos y la legalidad del actuar municipal.
FIRMADO_IF 654-2025 Muni.Afta (1)
