Uno de los persecutores a cargo del caso ProCultura, Eduardo Ríos, renunció al Ministerio Público tras 21 años en la institución, en medio de fuertes diferencias con el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
La situación escaló a tal punto que, de hecho, Ríos presentó una denuncia contra Castro Bekios por maltrato laboral el pasado el 29 de diciembre.
Según La Tercera, el problema comenzó en agosto, cuando el fiscal Ríos mostró diferencias respecto de la estrategia a seguir en ProCultura. Su idea era que la causa se unificara, mientras que Castro Bekios habría decidido mantenerla dividida por región.
Sin embargo, las diferencias se acrecentaron en octubre, tras la reclamación del abogado del gobernador Claudio Orrego, que implicó que la causa se tramitara en Santiago y no en Antofagasta, razón por la que Castro inició un sumario que puso la lupa sobre Ríos.
Según cercanos al fiscal Ríos, a partir de ahí se le habría comenzado a desautorizar, se habría cortado su comunicación con Castro Bekios y se habría limitado su intervención en otras investigaciones.
Por la otra parte, justifican que habían notado irregularidades en la tramitación de la causa, como solicitudes mal formuladas o un enfrascamiento con una magistrada, y además tuvieron varios portazos ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta sobre medidas intrusivas.
Denuncia
En la denuncia, que publica La Tercera, Ríos asegura que “con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida”.
Asimismo, relató que “en la segunda semana de diciembre de 2025 me entero de que, en noviembre, le habrían pedido a la abogada asesora Natalia Cumming un informe del estado de ProCultura, con instrucción expresa de mantenerlo en secreto, es decir, deliberadamente a mis espaldas, aun cuando esa abogada trabajaba en un equipo a mi cargo. No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía».
Así las cosas, indica, lo que denuncia como maltrato laboral “se expresa en varios fenómenos concretos: espionaje a través de terceros para desestabilizarme, aislamiento, desautorización, control no transparente, instrucciones contradictorias que generan desorientación y desgaste, y silencio jerárquico cuando intento aclarar y ordenar. Todo eso, acumulado en pocas semanas y en causas sensibles, no sólo me afectó emocionalmente; afectó la operación, dañó la confianza interna y debilitó mi función como jefe”.
