El diputado Sebastián Videla (Ind-PL) y el senador Pedro Araya (PPD) criticaron el proyecto de ley, aprobado en general en el Senado, que cambiaría la pena de cárcel por la reclusión domiciliaria a mayores de 70 años y enfermos de gravedad. Los parlamentarios advierten que la iniciativa, impulsada por senadores de derecha, podría liberar a condenados por crímenes de lesa humanidad y delitos de alto impacto, calificándola como una amenaza para la seguridad pública y a las víctimas.
Los representantes de Antofagasta manifestaron las implicancias que tendría esta normativa para la seguridad pública y el respeto a las víctimas. Videla enfatizó la necesidad de que los autores de delitos de extrema gravedad cumplan sus penas de manera efectiva y Araya remarcó que sería una «irresponsabilidad» la tramitación del texto en su actual estado, cuestionando el impacto que tendría la eventual liberación de internos peligrosos, como el asesino de Ambar Cornejo; la condenada Pilar Pérez o Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio.
El miércoles pasado, el proyecto fue aprobado en general con 23 votos a favor y 22 en contra, con un plazo hasta el 16 de marzo para adjuntar indicaciones antes de que pase a la discusión en particular. La moción fue presentada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (Ind) y Carlos Kuschel (RN).
La iniciativa propone sustituir el cumplimiento carcelario de la pena por la reclusión domiciliaria total. Los casos para este beneficio son para quienes presenten una enfermedad terminal o que no pueda ser tratada de manera adecuada en la cárcel; una discapacidad que tampoco pueda ser manejada de forma correcta en dicho recinto y para personas mayores de 70 años.
“No me parece correcto”
Sebastián Videla dijo que está de acuerdo con la iniciativa, ya que muchos de quienes cumplen condenas y eventualmente podría ser parte de la sustitución cometieron delitos terribles, que dejaron un daño irreparable en las víctimas y sus familias.
“Por respeto a esas víctimas, no me parece correcto abrir la puerta a beneficios que permitan salir de la cárcel, incluso bajo argumentos humanitarios. La señal debe ser clara: quienes cometieron crímenes de extrema gravedad deben cumplir sus condenas. La prioridad siempre debe estar en las víctimas y en la seguridad de la ciudadanía”, aseguró Videla.
Más allá de Punta Peuco, seguridad pública
El senador Pedro Araya profundizó sus críticas a quienes hoy son parlamentarios de oposición. “No se entiende que en la región tengamos a la derecha, a Paulina Núñez hablando de seguridad y, sin embargo, con este proyecto se podrían liberar personas entre quienes se encuentran asesinos, violadores de niños, femicidas e integrantes del crimen organizado. Todo esto sin entrar siquiera a la discusión de Derechos Humanos”, cuestionó.
Araya puntualizó que la iniciativa es tan deficiente que por primera vez desde que está en el Congreso observó un informe de la Corte Suprema criticando el proyecto de principio a fin.
En un informe, el máximo tribunal del país resumió aspectos de su preocupación, como que el proyecto no establece criterios médicos objetivos ni umbrales clínicos verificables; no distingue con precisión entre enfermedades terminales, crónicas o deterioros progresivos; y no fija parámetros claros de acreditación pericial. Esta ambigüedad abre un espacio amplio de discrecionalidad judicial, con el consiguiente riesgo de aplicaciones desiguales.
También observaron que una medida excepcional, como la planteada en esta iniciativa, puede transformarse en una forma indirecta de elusión de la pena si no se establecen mecanismos claros de control y temporalidad; junto con que enfermedades crónicas que impidan tratamiento adecuado en prisión- el texto carece de criterios delimitadores suficientes, lo que puede generar efectos equivalentes a una conmutación no regulada.
“Quiero decirlo con claridad, la derecha fue muy mañosa en esto, porque saben que se trata de un tema complejo que debía pasar por la comisión de Constitución del Senado y no quisieron que así fuera, para radicarlo en DDHH. Ahí el proyecto tuvo un tratamiento exprés. Y más allá de la discusión por los presos de Punta Peuco, aquí el problema es de seguridad pública, algo que no quieren entender”, enfatizó el senador.
El legislador dijo que no se habla de cambiar el cumplimiento de la pena a gente que hurtó en un supermercado, sino de personas que mataron niños, que violaron a menores, integrantes de banda organizada. “El ministro ya lo dijo, podría quedar libre el asesino de Ambar Cornejo, Pilar Pérez o Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio. De eso estamos hablando”, criticó.
Araya señaló que en sus dos intervenciones en la sala recordó la necesidad de discutir la situación de quienes están condenados por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco, insistiendo en que ése es un tema y otro distinto es respecto de qué hacer con personas privadas de libertad y que tienen enfermedades terminales.
“Hay que discriminar, la edad no puede ser un factor para decir que porque una persona cumplió tal cantidad de años no puede estar en la cárcel. Debemos establecer combinaciones de factores, como la edad, una enfermedad terminal y la gravedad del delito. Lo que derecha no miró, o lo hizo a sabiendas de lo que podía pasar, es que abrió, probablemente, la puerta a la liberación de los criminales más peligrosos de Chile. Personas está condenadas a presidio perpetuo efectivo”, expresó.
Además, el senador agregó que esta será la primera prueba de fuego para el presidente José Antonio Kast, instancia que servirá para conocer si efectivamente está hablando de seguridad en serio o si todo era un slogan de campaña. “Porque si el gobierno Kast sigue adelante y patrocina este proyecto, está claro que la seguridad solo era un tema de la campaña”, emplazó.
