Un proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Trabajo Penitenciario fue presentado por el diputado por Antofagasta, Sebastián Videla Castillo, una iniciativa que considera labores remuneradas para internos incluso en sectores fronterizos.
La propuesta plantea que el trabajo penitenciario sea entendido al mismo tiempo como un deber asociado al cumplimiento de la pena y como un derecho orientado a la reinserción social, estableciendo que su desarrollo deberá realizarse en condiciones dignas, seguras y bajo supervisión permanente de Gendarmería de Chile. Asimismo, el texto subraya que en ningún caso estas labores podrán constituir formas de explotación ni implicar tratos degradantes.
De acuerdo al proyecto, el sistema sería aplicable a personas privadas de libertad con sentencia firme y ejecutoriada, siempre que hayan sido clasificadas por Gendarmería como de bajo o mediano riesgo, excluyendo a quienes representen un riesgo cierto para la seguridad pública o para el adecuado funcionamiento del sistema.
Entre las áreas prioritarias de ejecución, la iniciativa considera trabajos en zonas de interés estratégico para el país, especialmente en áreas fronterizas. Allí se contemplan labores como construcción y mantención de cierres perimetrales en pasos no habilitados, reparación de infraestructura de control territorial, apoyo logístico en zonas aisladas y obras vinculadas a la seguridad fronteriza.
Junto con ello, el proyecto también abre la posibilidad de desarrollar labores de interés público, entre ellas obras de infraestructura, limpieza y recuperación de espacios públicos, reforestación, restauración ambiental y apoyo en situaciones de emergencia o catástrofe. Estas tareas podrán ejecutarse tanto al interior como fuera de los recintos penitenciarios, previa evaluación de seguridad y bajo custodia de Gendarmería.
La iniciativa establece además que quienes participen en el sistema recibirán una remuneración proporcional a la labor desempeñada. Esos ingresos podrán destinarse a financiamiento personal, apoyo económico al grupo familiar y reparación a víctimas, según los mecanismos que determine el reglamento. A ello se suman incentivos como reducción de condena, acceso preferente a programas de capacitación laboral certificada, reconocimiento formal de competencias y consideración favorable en procesos de reinserción.
En materia de resguardos, el texto señala que la implementación del sistema estará sujeta a control judicial y a mecanismos permanentes de supervisión administrativa. También contempla sanciones administrativas y pérdida de beneficios en caso de incumplimiento injustificado de las obligaciones laborales, siempre bajo criterios de proporcionalidad y debido proceso.
Uno de los puntos relevantes de la propuesta es que la implementación sería progresiva, priorizando a las regiones del norte del país, “especialmente aquellas que presentan mayores desafíos en materia de control fronterizo y desarrollo territorial”. Además, se establece que un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, deberá fijar las condiciones específicas de aplicación dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la eventual ley.
“Es fundamental que avancemos en medidas concretas de reinserción. El trabajo dignifica, ordena y también permite generar un aporte a la sociedad y a quienes han sido afectados por delitos”, señaló el diputado Sebastián Videla.
