El abogado Carlos Claussen manifestó que el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, rechazó con «soberbia» sus propuestas de acuerdo antes de que la justicia ordenara el embargo de las cuentas corrientes del municipio para asegurar el pago de unos $8.500 millones. Claussen lleva cinco años en litigio con el edificio consistorial en un caso que comenzó con la demanda de Global Service, pero que ahora trata sobre la impugnación dolosa de una factura que realizó la administración municipal en la época de Karen Rojo. Además, dijo que solicitó reiteradamente reuniones con los concejales para buscar un acuerdo, pero, que a pesar de que se nombró una comisión para tratar el tema, ningún edil aceptó reunirse con él.
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El abogado descartó un «acoso judicial» y responsabilizó a la actual alcaldía por las consecuencias financieras del juicio que ya concluyó y determinó la millonaria cifra a pagar. “En todas las oportunidades di todas las posibilidades para llegar a un acuerdo y él, con soberbia, señaló que no le interesaba ningún acuerdo y que iba a las resultas del juicio. Bueno, estas son las resultas del juicio, se le embargaron los dineros depositados en sus cuentas corrientes”, precisó Claussen.
Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo ahora, el abogado fue categórico al recordar que el alcalde mezcló situaciones que no eran profesionales y que con ello trató de enlodar su nombre. “No estoy dispuesto a nada actualmente. Solamente quiero aclarar cómo son los hechos y no quedarme callado en algo que es absolutamente falso”, aseguró.
¿Le sorprendió la avanzada comunicacional del municipio que lo emplazó directamente?
Me sorprendió muy desagradablemente, porque no tratan este asunto de la manera profesional que corresponde y se permiten hacer comentarios respecto de mi condición, no de abogado, sino de ciudadano de Antofagasta, de empresario, de académico, de sostenedor educacional, como si eso tuviera algo que ver con mi desempeño profesional.
Y lo más grave es que en esa avanzada comunicacional, como la he denominado, se falta la verdad. Los hechos que derivaron al embargo de los dineros en las cuentas corrientes de la municipalidad tienen su origen hace más de diez años, cuando doña Karen Rojo negó el pago de los servicios por mantención de áreas verdes a una empresa que se había adjudicado el servicio, que había prestado servicio por más de seis meses y luego injustificadamente, arbitrariamente, se negó a pagar esas facturas. Pero no sólo eso, sino que además impugnó facturas de manera dolosa, es decir, con mala intención, queriendo producir un daño a esa empresa. De ese hecho se deriva una consecuencia jurídica importante, porque la ley de facturación dice que cuando se deja de pagar una factura, pero además una vez que se notifica judicialmente, el deudor impugna dolosamente esa factura, tiene una sanción que es pagar el doble que se debía.
La comunicación de la municipalidad induce a un tremendo error, porque dice que esto ya se pagó. No, lo que se pagó fue el monto de la factura del año 2018, pero lo que no se ha pagado es la sanción que establece la ley por haber impugnado dolosamente esa facturas. Por eso inicié un juicio hace más de cinco años, en el que la municipalidad ha podido rendir todas sus excepciones, argumentos y pruebas. Y resulta que tanto en primera instancia como en la Corte de Apelaciones perdió, porque se demostró que la municipalidad había pugnado, a través de su alcaldesa en aquel periodo, dolosamente esa factura.
Antes de que se dictara la sentencia de primera instancia me acerqué a los alcaldes posteriores a doña Karen Rojo, Ignacio Pozo, Wilson Díaz, Jonathan Velázquez y les dije que no quiero perjudicar. Esto no es una frase “salamera”, me siento antofagastino y quiero mucho a mi ciudad, de tal manera que antes de dictarse la primera de la sentencia que reconocía ese actuar, ofrecí y mandé cartas a cada uno de los concejales de la municipalidad, ofreciendo llegar a un acuerdo. En una sesión del concejo se designó una comisión de concejales para que tomaran contacto conmigo y pudieran explorar una solución. Ninguno de esos concejales me contactó jamás, pero seguí insistiendo hasta llegar finalmente al alcalde Sacha Razmlic. Partí solicitándoselo al jefe de gabinete y dijo que me recibiría en una oportunidad y cuando llegué no lo hizo, explicando que solamente el jefe de gabinete me recibiría en ese momento y viajé especialmente para ello.
Luego seguí pidiendo audiencia, me comuniqué con los distintos jefes jurídicos, primero con doña Jessica y sucesivamente con dos más, instando a llegar a un acuerdo. Nunca me había recibido el alcalde hasta la última vez. Habiendo ofrecido formalmente, por escrito, la posibilidad de un acuerdo para que la municipalidad pagara en cuotas y con muchas facilidades, el alcalde simplemente no quiso seguir avanzando y me dijo que prefería ir a las resultas del juicio y que no iba a llegar en a ningún acuerdo. Por lo tanto, esto es el suspiro del moro, ahora está llorando como mujer lo que no supo defender como hombre. En todas las oportunidades di todas las posibilidades para llegar a un acuerdo y él, con soberbia, señaló que no le interesaba ningún acuerdo y que iba a las resultas del juicio. Bueno, estas son las resultas del juicio, se le embargaron los dineros depositados en sus cuentas corrientes.
¿En qué administración puso en aviso de lo que estaba sucediendo a los concejales, quienes quedaron al tanto del caso?
En la de Jonathan Velázquez. En una de las sesiones se designó una comisión para conversar conmigo y ninguno de los concejales tomó contacto. Insistí personalmente con cada uno de ellos antes de que se dictara la sentencia de primera instancia y nadie me contestó siquiera. Luego, después de dictada la sentencia de primera instancia, insistí, insistí muchas veces y a través de los distintos directores jurídicos, insistía majaderamente, casi indignamente, pidiéndole la posibilidad de llegar a un acuerdo y así evitar trastornos en el buen funcionamiento de la municipalidad.
¿En qué consiste el acuerdo que proponía al municipio?
Ofrecí pagar una cantidad muy semejante a la que en definitiva liquidó el tribunal, diría casi idéntica, $8.500 millones, en muchas cuotas. De tal manera de que falta a la verdad absolutamente el alcalde al decir que estoy utilizando un acoso judicial, siendo de que él, en la única reunión que me recibió después de haber solicitado muchas, dijo que no tenía ningún interés en llegar a un acuerdo y que siguiera adelante con la gestión, porque ellos se defenderían.
¿Todavía es posible lograr un acuerdo?
Cuando él tiró el mantel y dijo que no tenía ninguna intención, le manifesté que seguiría. Entiéndame que, a esta altura, además de haber mezclado situaciones que no son las profesionales, sino que, tratando de enlodar mi nombre, no estoy dispuesto a nada actualmente. Solamente quiero aclarar cómo son los hechos y no quedarme callado en algo que es absolutamente falso.
¿Qué falta en el proceso judicial?
Cobrar los dineros, ya están embargados en las cuentas corrientes y lo que haré en su oportunidad, cuando se terminen las últimas gestiones judiciales, será pedir que esos dineros sean entregados a mi cliente.
El que media es el tribunal, no la voluntad del municipio para entregar los dineros.
Es el mismo tribunal que ha estado cinco años viendo esto. No es sorpresivo, no es una medida cautelar de la cual no tuvieran conocimiento. No, es un juicio que partió el año 2021.
De acuerdo con su experiencia litigando en este tipo de causas, ¿cuánto tiempo queda para agotar las últimas acciones y generarse el pago?
Estamos en el juicio y dar a través de la prensa las gestiones que haré no me parece adecuado desde el punto de vista estratégico.
¿Qué es lo que falta para que finalice el juicio?
El monto de la liquidación, que fue fijado por el tribunal en $8.500 millones, tanto la municipalidad como mi parte la impugnó. Yo, sosteniendo que hay un error en el cálculo, porque es bastante más, y la municipalidad, a su vez incluso torciéndole el sentido a la ley, dice que no son los intereses máximos convencional que indica la ley que debe pagar, sino que los intereses corrientes. Es una defensa pueril, porque la ley dice, específicamente, que quien impugne dolosamente una factura tendrá que pagar el duplo más los intereses máximos convencionales. Entonces es una impugnación que adolece además de falta de comprensión lectora. El tribunal ordenó el embargo de los dineros, lo que está pendiente es determinar si son $8.500 millones o mucho más.
¿Después de la definición del monto queda algún paso más para alguna de las partes?
Sí, la municipalidad interpuso dos recursos ante la Corte Suprema. Uno de ellos se declaró inadmisible de inmediato, la casación en la forma. Ahora queda pendiente una casación en el fondo que no altera los hechos, simplemente, invocan que hay una infracción de derecho, por lo tanto, hay muy pocas posibilidades para ellos.
