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martes, 2 junio, 2026
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Tribunales

Juzgado cierra causa contra Claudio Orrego por caso ProCultura: Fiscal regional de Antofagasta es condenado en costas

La justicia cuestionó la falta de antecedentes presentados por la Fiscalía de Antofagasta para sustentar los delitos imputados al gobernador metropolitano en el marco de la investigación por el convenio entre el Gobernador de la Regional Metropolitana y Fundación ProCultura.

El fallido intento de la Fiscalía de Antofagasta por desaforar al Gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego en el marco del caso ProCultura sigue generando repercusiones judiciales. Este martes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la autoridad y, además, resolvió condenar en costas tanto al Ministerio Público como al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

La resolución se produjo luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara de manera unánime la solicitud presentada por la Fiscalía, la que buscaba avanzar en una investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco, malversación por aplicación pública diferente y usurpación de funciones.

Según el fallo, los antecedentes expuestos por la Fiscalía no permitían sostener de manera consistente la acusación penal. Entre otros puntos, la Corte concluyó que no se detalló de forma clara cuál habría sido la conducta específica atribuible al gobernador ni cómo se habría configurado una eventual defraudación al Estado.

En esa línea, la sentencia sostiene que eventuales irregularidades administrativas no bastan, por sí solas, para configurar delitos.

Tras el rechazo del desafuero, la defensa de Orrego solicitó el cierre de la causa, petición que terminó siendo acogida por el tribunal capitalino.

Uno de los puntos que más destacó la defensa fue precisamente la condena en costas dictada contra el persecutor regional de Antofagasta. El abogado Ciro Colombara afirmó que «el fiscal Juan Castro Bekios fue condenado en costas de manera personal por grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho a la conducción de la investigación”.

El defensor agregó que también se condenó en costas al Ministerio Público “por todas sus actuaciones gravemente erróneas durante la investigación”.

Cabe destacar que la investigación se originó por la transferencia de $1.600 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano a la Fundación ProCultura para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”, convenio que terminó bajo la lupa del Ministerio Público debido a la relación entre Orrego y el psiquiatra Alberto Larraín, fundador de la organización.

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