La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entró a la Cámara de Diputados y Marcela Hernando (Radical) fue elegida para presidir la comisión investigadora que revisará el líbelo. En el escrito, los 12 parlamentarios acusadores plantearon, entre otros puntos, que Grau infringió la Constitución al entregar información fiscal inconsistente en la gestión financiera del Estado y que mantuvo proyecciones cuestionadas a pesar de las advertencias que comunicó el Consejo Fiscal Autónomo.
La Cámara sorteó ayer a los integrantes de la comisión que preside Hernando y que está integrada por Luis Sánchez (Republicano), Alejandro Bernales (PL), Carlos Bianchi (IND-PPD) y Jonanna Pérez (Demócratas). La legisladora por Antofagasta explicó que no puede referirse al fondo del asunto de manera previa y que, precisamente, “una de las cosas que implica este sorteo es que la sala nos mandata para ser lo más objetivos posible en el tratamiento de la acusación”.
Hernando detalló los pasos que seguirá la comisión antes de emitir su informe a la Cámara y precisó que la decisión final estará en manos del Senado.
¿Cuáles son los pasos que seguirá la comisión?
Una acusación constitucional lo que persigue normalmente es acusar a un ministro en ejercicio y en este caso hasta tres meses después de que ha terminado su labor como secretario de Estado. En ese contexto tendremos que revisar esta acusación que consta de 471 páginas y en esos seis capítulos revisaremos si efectivamente ha habido una falta a la ley, una falta a la Constitución que amerite una sanción al exministro.
(El proceso) está absolutamente reglamentado. Nos acabamos de constituir hoy (ayer) y desde que se notifica al acusado, él tiene diez días para responder. En esos diez días podemos o no, de acuerdo con lo que resolvamos, juntarnos para revisar algún tema. Lo que no podemos hacer en estos diez días es entrar en el fondo de la acusación. Por lo tanto, vamos a revisar algunos temas técnicos del aspecto financiero y serán invitados, probablemente, exministros de Hacienda y también algunos académicos que puedan aportar respecto del proceso de las finanzas del Estado.
Luego de eso, una vez que comparece el acusado, que puede ser en cualquier momento de este plazo de diez días, se entra al fondo del asunto. Desde ahí tenemos seis días para escuchar invitados que vayan al fondo y también para deliberar. Después de esos seis días se cita a la sala y se vota.
¿En términos políticos estuvo o está de acuerdo con esta acusación constitucional?
No me puedo pronunciar, no corresponde. Pero además de eso, una de las cosas que implica este sorteo es precisamente que la sala nos mandata para ser lo más objetivos posible en el tratamiento de la acusación.
En general, respecto de las acusaciones constitucionales, en el anterior gobierno se había alcanzado una especie de consenso de que se trata de una herramienta a utilizar con mucho cuidado. ¿Qué reflexión tiene sobre el uso tan frecuente de esta medida?
En términos generales y habiendo estado en más de una comisión de este tipo, que me ha tocado en mi anterior periodo legislativo, pero también habiendo sostenido una de estas acusaciones, creo que uno tiene que estar tremendamente convencido de que efectivamente que el acusado haya realmente infringido la Constitución y las leyes. Si no estás completamente seguro de eso y solamente se hace como una maniobra política, a mí me parece que es un desperdicio y por eso es por lo que precisamente se desprestigia esta herramienta.
Hay acusaciones que contaron con un respaldo fuerte, pero otras necesitaron buscar hasta el último voto para levantarlas. ¿Eso es señal de que no había pleno convencimiento en el sector que la impulsó?
Ojalá que lo que hubiera fuera debate y que las personas voten realmente convencidas de que sí o que no se transgredieron la Constitución y las leyes. Votar solamente porque la bancada lo ordena o porque tal o cual persona pidió el voto es una de las cosas que ensucia estos procesos.
¿Por qué son tan complejas las acusaciones constitucionales?
Políticamente se buscan otras repercusiones, las que tendrían que preguntárselas a quienes están acusando. Pero aparte de eso, la persona pierde la habilidad para ser funcionario público por cinco años.
¿Lo considera un castigo demasiado grande?
Es un tremendo castigo, pero uno no debe fijarse en si es muy grande o chico. Nosotros no hacemos de jurado, estamos como Cámara de Diputados, analizando la acusación y nos pronunciamos con relación a si tiene o no mérito. El que hace de jurado final es el Senado.
¿En qué clima espera que se desarrolle todo este proceso?
Espero que se mantenga el clima de fraternidad y que haya mucha actitud cívica durante el momento que estemos sesionando.
