Nuevos intentos de robo mantienen en alerta a la Fundación Bastián Alvial, organización que desarrolla actividades de apoyo para niños con cáncer y sus familias en el Parque Nicolás Tirado de Antofagasta.
Durante los últimos días, desconocidos han intentado ingresar a las dependencias de la institución, provocando daños en puertas y cerraduras que ahora deberán ser reemplazadas. El hecho ocurre poco más de un año después del robo que afectó a la fundación y que dejó pérdidas cercanas a los $11 millones.
A raíz de ese episodio, la organización impulsó distintas campañas para recuperar parte de las especies sustraídas y reforzar la protección del recinto. Gracias al apoyo de voluntarios, donaciones y actividades solidarias, actualmente cuenta con cámaras de seguridad y sistemas de alarma para resguardar sus instalaciones.
Sin embargo, los recientes daños obligarán nuevamente a destinar recursos a medidas de seguridad. Por esta razón, la fundación lanzó la campaña solidaria «Chapatón», cuyo objetivo es financiar el reemplazo de cerraduras y reforzar los accesos de la sede.
Según explicó el fundador de la institución, Gabriel Alvial, cada cerradura de seguridad tiene un costo cercano a los $50 mil, al que se suma la mano de obra necesaria para su instalación en puertas metálicas.
«El problema no es solamente la cerradura, sino que el trabajo que viene detrás porque debe realizar un soldador y el soldador debe trabajar con disco de corte para poder sacar la chapa de la puerta que es metálica. Entonces, lo mínimo que yo debo contar es por lo menos unos 80 mil pesos por cada cerradura», explicó.
Si bien la campaña ya ha permitido reunir fondos para parte de los trabajos, aún queda un número importante de cerraduras por reemplazar.
Alvial advirtió que estos gastos representan una dificultad adicional para la organización, ya que deben ser cubiertos con recursos que habitualmente se destinan al funcionamiento de la fundación y al desarrollo de actividades para niños con cáncer y sus familias.
Junto con ello, planteó a las autoridades la necesidad de contar con mayores alternativas de financiamiento para proyectos de seguridad comunitaria, señalando que muchas organizaciones sociales enfrentan dificultades para costear sistemas de vigilancia y protección de sus espacios.
