En las últimas horas se ha instalado como una verdad incuestionable que, si Karen Rojo Venegas es entregada por el Reino de los Países Bajos, su primer destino en Chile será un control de detención ante un tribunal de garantía.
La afirmación ha sido repetida por comentaristas, abogados e incluso en diversos medios de comunicación. El problema es que los documentos oficiales del Estado de Chile dicen otra cosa.
Y no se trata de una interpretación de la defensa. Se trata de leer lo que literalmente ordenó el Juzgado de Garantía de Antofagasta y lo que posteriormente informó el Estado de Chile al Gobierno de los Países Bajos.
La orden judicial contiene un mandato categórico, específico y explícito.
La orden de aprehensión dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta el 24 de marzo de 2022 no dispone que Karen Rojo deba ser llevada a una audiencia de control de detención. Dice algo muy distinto.
Ordena que sea detenida «..a efecto de conducirla al Centro Penitenciario más cercano a su detención a cumplir la pena de cinco años y un día».
No habla de ser puesta a disposición de un tribunal para un trámite específico, no habla de formalización, ni de revisión judicial o controlar su detención. Habla simplemente del cumplimiento inmediato de una sentencia firme y ejecutoriada. Más aún, un certificado que consta de la propia causa de fecha 11 de diciembre de 2025 señala en lo pertinente: “Que, esta orden de detención sirve como suficiente orden de ingreso al centro penal más cercano al lugar de su detención.”
El propio Estado de Chile despejó la duda hace más de un año
Cuando los tribunales neerlandeses solicitaron garantías antes de resolver la extradición activa, el Estado chileno respondió oficialmente. En ese documento explicó expresamente que Karen Rojo no deberá cumplir prisión preventiva, porque ya existe una sentencia firme. La respuesta oficial señala:
«De ser entregada por los Países Bajos a Chile, la Sra. Karen Rojo no tendrá que cumplir tiempo de prisión preventiva, sino que cumplir el saldo de pena pendiente…»
Más adelante agrega que la autoridad penitenciaria ya informó incluso el recinto específico donde será internada: el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. (P.6, apartado III, punto 1)
Es decir, mientras públicamente algunos hablan de un supuesto control de detención, el propio Estado chileno informó oficialmente al Estado requirente cuál sería la cárcel de ingreso de la extraditada.
Entonces, ¿de dónde aparece el supuesto control de detención?
Esa es precisamente la pregunta. Porque hasta ahora nadie ha mostrado una resolución judicial que ordene realizar esa audiencia. La sentencia ya está ejecutoriada. La condena ya existe.
La orden de aprehensión tiene una finalidad claramente definida: ejecutar una pena. Y el Estado chileno ya informó internacionalmente que la extradición tiene por único objeto el cumplimiento del saldo de condena, no la imposición de una medida cautelar.
Sobre beneficios que se puedan solicitar.
Naturalmente, una vez que Karen Rojo ingrese al sistema penitenciario, su defensa podrá promover todas las solicitudes que la legislación chilena permite respecto de la ejecución de la pena, considerando que su detención hoy implica que su pena estaría cumplida en un 80%.
Ese es otro debate, sobre abonos y beneficios penitenciarios.
Pero sostener que la extraditada necesariamente deberá comparecer primero a un control de detención, no encuentra respaldo ni en la orden judicial vigente ni en las garantías internacionales entregadas por Chile durante el proceso de extradición.
Los policías tienen el deber de cumplir la orden tal cual ha sido despachada. Y ella les ordena perentoriamente conducir a doña Karen Rojo al Centro Penitenciario más cercano.
No está demás recordar que el artículo 76 de la Constitución Política de la República señala expresamente -en lo que nos interesa- que “La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar».
