El diputado Jaime Araya (IND-PPD) criticó el proyecto de reconstrucción nacional, impulsado por el Ejecutivo y conocido como “megarreforma”, cuestionando que la iniciativa solo representa beneficios directos para las grandes empresas y las mayores fortunas del país. El legislador sostuvo que, si el fundamento del texto es impulsar el empleo y el crecimiento, el camino sería la industrialización del país y un agresivo plan de obras públicas, ya sea con recursos del Estado o por la fórmula de las concesiones.
El proyecto de ley fue aprobado en su tercer trámite en la Cámara y a comisión mixta pasó la norma sobre la compensación a los municipios por la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de adultos sobre 65 años. Indicaciones como la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la exención del IVA a la vivienda nueva y la invariabilidad tributaria fueron aprobadas. Araya declaró que como parte de un bloque de oposición recurrirá al Tribunal Constitucional para frenar normas de la iniciativa, como las relacionadas con temas ambientales.
El diputado cree que la industrialización y las obras públicas son la ruta para revertir el escenario económico, “pero el gobierno tiene que entender que esto debe ocurrir con base en un gran consenso nacional, aunque eso no lo veremos con esta administración, porque cree que los problemas de cesantía se resuelven precarizando el trabajo al nivel de retroceder cien años en derechos laborales”.
¿Por qué recurrirá al TC por la megarreforma?
Lo que se ha hecho es una irresponsabilidad que no tiene precedente en la historia reciente de nuestro país, se hipotecando el futuro de Chile, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal, con impactos directos en prestaciones, beneficios y financiamiento de derechos sociales. Y, tal como lo dijeron los organismos expertos, es irresponsable. Desde ese punto de vista no nos rendiremos y vamos a seguir batallando contra esta megarreforma, que lo único que hace es enriquecer a los grandes grupos económicos, a las grandes fortunas y perjudicar a la gente de clase media, a las pequeñas y medianas empresas, a los jubilados, a los trabajadores, las trabajadoras y a los sectores más vulnerables.
Esto hace que uno responsablemente tenga que ir al Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que quedó para la comisión mixta una de las normas.
¿Qué normas llevarán al tribunal?
No hay normas específicas, unas tienen que ver con el régimen de invariabilidad tributaria. Aquí el gobierno actuó como el Tren de Aragua, extorsionando el Parlamento, mezclando las normas para financiar la reconstrucción con los beneficios tributarios para grandes empresas y contribuyentes de altísimo patrimonio. Desde ese punto de vista se establece un régimen de invariabilidad que es dañino, antidemocrático, que hipoteca la autonomía tributaria y financiera de los futuros gobiernos. A nosotros nos parece que atenta contra las normas constitucionales. Además, hay un conjunto de normativas ambientales que nos permiten apreciar en vivo lo que es ser gobernados por negacionistas del cambio climático.
El gobierno está hipotecando el patrimonio medioambiental del país, poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas, negando el acceso a la justicia ambiental. Es demencial lo que se aprobó en la Cámara, y por eso tomamos la decisión de recurrir al órgano de control constitucional.
Todos el Congreso sabe que esta reforma no crea ni un puesto de trabajo, no atrae inversión. Y lo peor de todo es que tiene fecha de vencimiento, el 12 de marzo del 2030 cuando asuma el nuevo Congreso que tendrá que hacer una reforma tributaria para tapar el tremendo hoyo financiero que está dejando esta responsabilidad, impulsada por ministro Quiroz.
¿Hay algún punto que rescate de la reforma?
Lo único que podría rescatar son tres puntos: el fin del cobro de interés sobre interés; el olvido financiero, que es una segunda oportunidad para las personas que son deudoras para que salgan de todo tipo de listas negras para acceso al crédito. Y lo tercero es el pronto pago a las pymes, pero el gobierno no encontró nada mejor que amenazar con vetar estas tres normas que mejoran a la clase media y a la gente más vulnerable, porque la reforma es solo para aumentar el patrimonio de las grandes fortunas del país.
Si la megarreforma queda con normas truncada por el TC, ¿cuál sería el camino para mejorar el escenario económico?
Los desafíos de Chile son la industrialización, un agresivo plan de obras públicas, sea con dineros del Estado o mediante la fórmula de las concesiones, porque es una forma de resolver la crisis de empleo e impulsar el crecimiento. Pero el gobierno tiene que entender que esto debe ocurrir con base en un gran consenso nacional, aunque eso no lo veremos con esta administración, porque cree que los problemas de cesantía se resuelven precarizando el trabajo al nivel de retroceder cien años en derechos laborales.
AUTOCRÍTICA DE LA OPOSICIÓN
¿Como oposición tienen algún mea culpa por la situación económica del país que se le atribuye al gobierno anterior?
Este gobierno debiera crear el “ministerio de echarle la culpa al gobierno anterior”. Ellos inventaron que Chile estaba en quiebra y dijeron que eran un gobierno de emergencia. Lo que sabemos es que Chile no está en quiebra y la acusación constitucional que ellos mismos presentaron para darle sustento al relato que inventaron fracasó, porque una parte de la derecha responsablemente fue capaz de parar esa locura.
Los datos indican que la crisis en la que estamos producto del “bencinazo” de Kast. Ellos generaron una crisis social que redunda hoy en que la UF está a más de cuarenta mil pesos, con la canasta básica en más de noventa mil pesos, con la cesantía disparada y que bien entrado el tiempo de gobierno, conocemos la incapacidad para gestionar la emergencia climática. La gente espera que el gobierno gobierne, deje de inventar enemigos imaginarios, con una estúpida batalla cultural en la que nos tienen metidos creyendo que siguen en campaña y no dan cuenta de que están a cargo del país.
Más que hacer autocrítica en la oposición, uno tiene que decir con mucha franqueza a la ciudadanía los riesgos que significa este gobierno que es profundamente ideológico, con anteojeras ideológicas que nos llevan a verdaderos excesos que destruirán el futuro de Chile. No habrá un peso de inversión, porque la reforma no tiene ningún consenso, no genera paz social y cuando vemos que el mismo día que se aprueba el gobierno ingresa como solución, para paliar la crisis de empleo, una reforma a la jornada laboral para llevarla hasta 52 horas es porque las recetas que tienen para solucionar los problemas solo piensan en hacer más ricos a los más ricos de del país.
También se apunta a las críticas de la izquierda por esta reforma tributaria cuando el segundo gobierno de Bachelet también ejecutó una reforma impositiva que tuvo errores para el manejo fiscal, como lo reconocieron voces de ese mismo equipo económico que la implementó.
Hay que decir la constatación de un hecho, los resultados de la reforma de la presidenta Bachelet permitieron financiar la pensión básica solidaria, que después fue ampliada por el presidente Piñera. También fue posible financiar la gratuidad universitaria y terminar con el lucro. Al revisar los índices de desigualdad que había antes y después de la reforma, nos damos cuenta de cómo Chile fue acercándose a un país desarrollado.
Digo que la reforma del gobierno es profundamente ideológica, porque están tratando de desmontar todos los avances del gobierno de Bachelet. Nadie puede decir responsablemente, que desintegrar el sistema tributario era una cosa que no correspondía. El problema es que hay gente que dice mentiras con un desparpajo impresionante. Puedo decir con mucha responsabilidad, si alguien me dice que el gran error de la reforma tributaria de Bachelet fue extender la gratuidad respondo que eso no fue un error. Era lo que había que hacer y permitió que Chile hoy tenga capital humano más formado, más profesionales. Que a una pequeña elite acomodada le moleste que los hijos de los trabajadores estudian gratis es parte de las diferencias políticas que hay que sincerar.
Hay gente que dice que el problema de las economías es porque aumentan los beneficios sociales, eso no es economía, eso es una cultura del abuso. No pueden decir que el problema de la crisis de empleo es porque se aumenta el salario mínimo o hay derechos laborales, ya que hay una jornada que hace compatible la vida familiar con la laboral. Cuando el experto que fundamenta toda esta política laboral que impulsa el gobierno trata a los trabajadores y trabajadoras de “un cacho”, da cuenta que tenemos profundas diferencias políticas que hay que evidenciar y poner en conocimiento de la ciudadanía.
¿Siente que a la izquierda le pesa que la ciudadanía no los asocie como un sector que lidere materias que levanten la inversión y el crecimiento del país?
Eso es un mito. Cuando uno mira las cifras fueron los gobiernos de centro izquierda con los que Chile tuvo mayor inversión y crecimiento. Decir que la izquierda no atrae inversión es parte del discurso que ha instalado de manera falsa. Ese relato forma parte de un modelo global de una ultraderecha con financiamiento que proviene de Hungría, con operaciones en redes sociales con las verdaderas granjas de bots que esparcen e instalan mentiras.
La autocrítica que sí debe hacer la izquierda es no haberse tomado muy en serio la capacidad de penetración de estos discursos en las sociedades, porque es un tema que costará muchísimo desmontar. En el Congreso pasado que, políticamente era muy tenso, nunca vi el nivel de agresividad, ni de violencia, ni de provocación, ni de mentiras que ahora observamos. Se ha degradado el debate democrático, no se respeta ningún límite, porque la derecha que llegó está dispuesta a cualquier cosa por mantenerse en el poder y desmontar la agenda de avances sociales.
Chile retrocederá cuatro u ocho años durante este gobierno, porque lamentablemente, tiene una mayoría que Chile le confió en el Parlamento. El desafío del próximo del Congreso será tratar de avanzar rápidamente en todo lo que vamos a retroceder. El tema del aborto es tremendamente simbólico de lo que son capaces en la derecha gente. Hay gente de republicanos, del Nacional Libertario que firmaron el proyecto, entiendo que hasta diputados de Chile Vamos. La coalición de gobierno promoviendo una crueldad (iniciativa para que la madre escuche los latidos del corazón del feto antes de abortar en casos de violación e inviabilidad del no nacido). Y todo en función de esa estúpida batalla cultural que quieren librar contra un enemigo imaginario en códigos que son propios de los regímenes totalitarios más horrorosos que conoció la humanidad en la primera mitad del siglo pasado.
