A juicio del senador Pedro Araya (PPD), la centroizquierda enfrenta hoy una tarea más urgente que la búsqueda de un candidato presidencial: reconstruir una identidad política capaz de ofrecer una alternativa de gobierno. Para el parlamentario por Antofagasta, concentrar nuevamente los esfuerzos en una figura presidencial antes de resolver las diferencias programáticas sería repetir errores que, según afirma, ya costaron caro al sector.
Durante una extensa entrevista en el podcast La Caja Política de Timeline, Araya analizó el escenario político tras la aprobación de la megareforma impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, realizó una autocrítica al desempeño de la oposición y abordó temas que van desde la permisología hasta el debate sobre la denominada «Ley Mordaza 2.0».
«No podemos volver a depender de una persona»
Consultado por el futuro presidencial de la centroizquierda y el eventual liderazgo del proceso de recuperación política, Araya fue enfático en señalar que el problema actual no pasa por los nombres.
«Parte importante del éxito para volver a ser una alternativa de gobierno tiene que ver con definir qué queremos ser como centroizquierda», afirmó.
El senador recordó que, en el pasado reciente, el Socialismo Democrático terminó depositando gran parte de sus expectativas en una eventual nueva candidatura de Michelle Bachelet, pese a que la exmandataria había descartado reiteradamente esa posibilidad.
«Aferramos un proyecto a una persona y eso termina haciendo fracasar la lógica de las coaliciones. Tenemos que definir primero qué queremos ofrecerle a Chile y después discutir quién será el candidato», sostuvo.
Una centroizquierda en búsqueda de identidad
En esa misma línea, Araya aseguró que el sector vive un proceso de redefinición política luego del término del Gobierno de Gabriel Boric.
A su juicio, el Frente Amplio continúa intentando redefinir su espacio político mientras el Socialismo Democrático aún no logra reencontrar una identidad clara.
«Hoy la gente no sabe qué es el Socialismo Democrático ni qué queremos ofrecer como sector», indicó.
El parlamentario sostuvo que el desafío inmediato consiste en reconstruir una propuesta común antes de enfrentar una nueva elección presidencial, advirtiendo que la fragmentación actual solo favorece al oficialismo.
«El Frente Amplio vino a refundar la política»
Araya también repasó la relación entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales de la centroizquierda.
Recordó que el bloque llegó al poder con una fuerte crítica hacia los gobiernos de la Concertación y del Socialismo Democrático, presentándose como una generación llamada a «refundar» la política chilena.
Sin embargo, sostuvo que la experiencia de gobierno terminó demostrando otra realidad.
«Quienes terminaron sacando adelante los ministerios más complejos fueron figuras del Socialismo Democrático», afirmó, agregando que el sector tampoco fue capaz de defender adecuadamente los avances alcanzados durante los gobiernos de la Concertación.
Críticas a la estrategia frente a la megareforma
Uno de los principales ejes de la entrevista estuvo marcado por la aprobación de la megareforma del Gobierno.
Según Araya, desde el inicio de la discusión parlamentaria era evidente que el oficialismo contaba con los votos suficientes para sacar adelante el proyecto.
Por ello, defendió la decisión de intentar negociar modificaciones en lugar de apostar por un rechazo total.
«Había dos caminos: quedarse en las consignas y las redes sociales o intentar influir para reducir los efectos negativos de la reforma. Yo opté por lo segundo», señaló.
«El verdadero corazón de la reforma no era tributario»
El senador sostuvo que uno de los mayores errores de la oposición fue concentrarse en la rebaja de impuestos mientras, según dijo, el aspecto más relevante del proyecto se encontraba en los cambios a la institucionalidad ambiental.
«Una parte importante de la centroizquierda pisó el palito y se concentró en una discusión tributaria cuando el corazón de la reforma era el tema ambiental y la permisología», afirmó.
A su juicio, los cambios aprobados modifican profundamente el sistema de evaluación ambiental construido durante las últimas décadas.
El problema, dice, sigue siendo el Estado
Pese a reconocer que existía consenso respecto de agilizar la obtención de permisos para proyectos de inversión, Araya aseguró que la discusión omitió un aspecto fundamental: la falta de capacidad del propio Estado.
Como ejemplo, explicó que en organismos como la autoridad sanitaria un reducido grupo de funcionarios debe revisar desde pequeños emprendimientos hasta grandes proyectos mineros, además de asumir labores permanentes de fiscalización.
«Puedes reducir los plazos por ley, pero si no aumentas la cantidad de funcionarios, el cuello de botella seguirá exactamente igual», afirmó.
También cuestionó que el Tribunal Ambiental de Antofagasta continúe funcionando sin su dotación completa de ministros, situación que —según indicó— limita la capacidad de resolver oportunamente los conflictos asociados a proyectos de inversión.
La defensa de la denominada «Ley Mordaza 2.0»
En la parte final de la entrevista, el parlamentario abordó la controversia generada por el proyecto impulsado desde la Comisión de Constitución del Senado y conocido públicamente como «Ley Mordaza 2.0».
Araya aseguró que la iniciativa fue mal interpretada y explicó que su objetivo principal era regular el tratamiento de la información contenida en teléfonos celulares incautados durante investigaciones penales, distinguiendo claramente entre los antecedentes útiles para una investigación y aquellos pertenecientes a la esfera privada de una persona.
Además, sostuvo que el proyecto buscaba corregir una inconsistencia de la legislación vigente.
Según explicó, actualmente un periodista o medio de comunicación que publique antecedentes de una investigación reservada ya puede enfrentar penas de cárcel, mientras que el funcionario público responsable de filtrar esa información arriesga únicamente sanciones administrativas.
«Lo que buscábamos era agravar la sanción para quien incumple el deber de custodia de esa información», sostuvo, insistiendo en que el debate público terminó concentrándose en un aspecto secundario de la iniciativa y no en su objetivo principal.
