Con una disposición transversal al diálogo, pero con la revisión de medidas que consideran clave, los diputados de Antofagasta adelantaron sus posturas frente al proyecto de “Reforma Constitucional Pro Seguridad” que levantó el Ejecutivo. Mientras que desde el oficialismo destacaron propuestas como sancionar el reclutamiento de menores para combatir el crimen organizado, desde la oposición advirtieron que el éxito de las medidas dependerá de su implementación efectiva en las regiones del norte, revisar aspectos como la reducción de la edad penal y una estricta fiscalización para evitar que los anuncios queden solo en palabras.
La semana pasada, el presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley que pretende establecer cambios en la Constitución para “proteger a la ciudadanía frente al actuar del crimen organizado y el terrorismo”. El gobierno sostuvo que, tras la reforma económica, éste será su nuevo enfoque de gestión, trabajo que desarrollarán en la “Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)”.
En la presentación de la ACOT, el jefe de Estado declaró que “he instruido al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que junto al Congreso saquen adelante esta Agenda en el menor tiempo posible. Si para generar las condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos cuatro meses, espero que antes de navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitirán recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes”.
AGENDA INCORPORA NUEVOS DELITOS
El representante del oficialismo en Antofagasta, el diputado Carlo Arqueros (Republicano), manifestó que respaldará la agenda porque al Estado necesita más herramientas para enfrentar al crimen organizado. “Destaco especialmente que la sola pertenencia a una organización criminal pueda constituir delito, que podamos perseguir e incautar con mayor eficacia el patrimonio obtenido ilícitamente y que fortalezcamos el control de nuestras fronteras y las capacidades de nuestras policías”, subrayó.
Al mismo tiempo, Arqueros indicó que la persecución penal tiene que ir acompañada de prevención. En ese ámbito, dijo, tenemos que seguir avanzando en recuperar los espacios públicos, evitar que niños y jóvenes sean captados por organizaciones criminales y fortalecer la coordinación territorial. “De hecho, esta agenda incorpora como nuevo delito el reclutamiento de menores por parte de bandas. Seguridad y prevención no son caminos distintos: necesitamos ambas para recuperar la tranquilidad de las familias”, apuntó el legislador.
RESULTADOS, NO DISCURSOS
El diputado Fabián Ossandón, militante del Partido de la Gente, colectividad que no se sitúa ni como “oficialismo complaciente ni oposición automática”, destacó que el presidente pusiera la seguridad como un aspecto prioritario.
Sin embargo, sostuvo que “los chilenos y, en especialmente, los que vivimos en la región de Antofagasta, ya hemos escuchado demasiados anuncios y promesas. Hoy existe una legítima desconfianza, porque la gente quiere resultados, no discursos. Ahora, estos resultados deberán convertirse en proyectos de ley, los revisaremos uno a uno, y respaldaremos todo lo que sirva para enfrentar con decisión al narcotráfico, al crimen organizado y la delincuencia”.
También adelantó que serán implacables en la fiscalización de los compromisos para que estos no queden, una vez más, solo en palabras. “La seguridad de las familias chilenas y de mí región de Antofagasta no pueden seguir esperando”, insistió Ossandón.
COMENZAR POR REGIONES DEL NORTE
Desde la oposición, el diputado Sebastián Videla (IN-PL), expresó que apoya todas las iniciativas que permitan fortalecer la seguridad de Chile. Pero recordó que “es fundamental que su implementación comience por el norte del país, reforzando de manera efectiva el control y resguardo de nuestras fronteras”.
Videla lamentó que durante demasiado tiempo las regiones del norte fueran postergadas, pese a que enfrentan directamente las consecuencias de la crisis de seguridad. “Por eso, además de fortalecer la persecución del delito, este proyecto debe incorporar medidas concretas de prevención, mayor presencia del Estado y más recursos para nuestras policías y comunas. Chile necesita más seguridad, pero el norte no puede seguir esperando”, remarcó.
APOYO, PERO CON REVISIÓN
También desde la oposición, la diputada radical Marcela Hernando puntualizó que el conjunto de iniciativas considera proyectos de ley que ya están discutiendo y otros que aún no ingresan.
“En términos generales, el tema tiene apoyo transversal, pero necesitamos revisarlo, por ejemplo, la reducción de la edad penal en adolescentes. Seguramente tendrá también apoyo el aumento de las penas a quienes recluten a menores de edad para cometer delitos. Otras parecen innecesarias, como repetir en la Constitución algo que ya dice el artículo primero sobre la obligación del Estado de proteger a las personas”, cuestionó Hernando.
DETALLES DEL PROYECTO
La iniciativa del Ejecutivo quiere “consagrar expresamente” en la Constitución la seguridad pública como un deber del Estado. El gobierno informó que la reforma creará un nuevo Estado de excepción para enfrentar graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas. Esto permite al presidente decretar Estado de excepción para actuar en barrios, polígonos o territorios capturados por organizaciones criminales, con una duración acotada, se renovará tras ser aprobada por el Congreso y las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico.
El proyecto trae un registro para reconocer oficialmente a determinadas organizaciones como criminales o terroristas. El Estado, mediante decisión fundada del Ejecutivo y con control del Senado, podrá calificar a esa organización en base a criterios objetivos.
Otras medidas pasan por establecer regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes de organizaciones criminales o terroristas, junto con facilitar la incautación y liquidación de los bienes del crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
