El Comité Regional del Partido Socialista manifestó su rechazo a la Reforma Constitucional de Seguridad Pública presentada por el Gobierno al Parlamento, asegurando que la propuesta, en los términos expuestos por la colectividad, podría afectar principios democráticos y libertades individuales.
En una declaración firmada por el presidente regional del PS, Hernán Vargas Canivilo, la colectividad parte reconociendo que la seguridad constituye un elemento “central, prioritario e insustituible de la vida democrática”, tanto para la protección de las personas y sus bienes como para el desarrollo del país. Sin embargo, advierte que las facultades contempladas en la reforma serían excesivas.
Cuestionan facultades por hasta 240 días
Uno de los principales reparos apunta a que, según plantea el comunicado, la reforma permitiría al Presidente de la República mantener determinadas facultades durante 120 días, prorrogables por otros 120, llegando a un total de ocho meses.
El PS sostiene que durante dicho periodo el Ejecutivo podría suspender derechos relacionados con el tránsito, reunión y asociación, además de requisar bienes e interceptar o abrir distintos tipos de documentos y comunicaciones, sin una consulta previa al Parlamento.
La declaración añade que los actuales estados de excepción no contemplan, en términos generales, la posibilidad de intervenir toda clase de comunicaciones y señala que una atribución de ese tipo existe en el estado de asamblea por guerra exterior, que requiere autorización del Congreso Nacional.
“Con esta reforma se está dotando al Presidente de la República con una facultad extraordinaria con alcances nítidamente autoritarios”, plantea el documento.
“Pone en riesgo la democracia”
Otro de los cuestionamientos del PS tiene relación con la separación de poderes. El partido afirma que la iniciativa produciría un desequilibrio entre el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial, señalando que la intervención del Congreso se produciría después del periodo mencionado y cuestionando además el papel que tendrían los tribunales de justicia en la determinación de personas o grupos que atenten contra la seguridad pública.
La colectividad también advierte que este tipo de herramientas podría afectar la capacidad de organización y movilización de la ciudadanía, además de eventualmente ser utilizadas como mecanismos de persecución política, no solo durante la actual administración, sino también en futuros gobiernos.
Piden al Senado rechazar la reforma
Ante estos reparos, el Comité Regional del Partido Socialista llamó directamente al Senado a rechazar la reforma constitucional en sus actuales términos, aunque planteó la necesidad de continuar legislando en materia de seguridad pública.
“El Senado debe rechazar esta reforma constitucional, pero al mismo tiempo debe tener la sabiduría suficiente para legislar en pro de la seguridad pública garantizando las libertades individuales”, señala la declaración.
Finalmente, el documento firmado por Vargas Canivilo sostiene que el combate a la inseguridad no debe traducirse en medidas que terminen debilitando garantías fundamentales.
“En democracia la libertad no puede estar supeditada a la seguridad”, concluye el comunicado.
