El querellante en la causa ProCultura, Pablo Toloza, valoró la decisión de la Corte Suprema que determinó que el juicio contra Democracia Viva sea conocido por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta. El abogado expuso que lo mismo debiese ocurrir en el caso de la fundación que lideraba Alberto Larraín si sus aristas son agrupadas, ya que la investigación comenzó en esta ciudad con la querella que él presentó.
El caso Democracia Viva, por fraude al fisco y lavado de activos, se desarrolló durante toda su etapa investigativa en Antofagasta. Sin embargo, cuando el proceso llego a su etapa de cierre para el juicio oral y a petición de la defensa de tres imputados, la Corte de Apelaciones trasladó el expediente al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el que luego se declaró incompetente para conocer los hechos.
El conflicto fue resuelto por la segunda sala de la Corte Suprema, la que determinó que, al investigarse múltiples aristas de manera conjunta, la competencia corresponde al tribunal de la jurisdicción donde se inició el primer hecho. La causa comenzó en Antofagasta con Democracia Viva, pero al poco tiempo sumó aristas de las fundaciones Fibra, Tomarte y Fusupo.
Pablo Toloza declaró que “a mi entender, la resolución de la Corte Suprema, en el sentido de que Antofagasta sea competente, era de toda lógica. Y creo que eso también debiese ocurrir en el caso de que el tribunal tome la decisión de agrupar todas las causas de ProCultura. Hay que recordar que ProCultura también tuvo el inicio de la investigación en Antofagasta, producto de la querella que presentamos. Por tanto, creo que se está volviendo a la sana doctrina, a lo que corresponde”, aseguró el abogado.
De las pesquisas de esta fundación también nacieron aristas, como las investigadas en la Región Metropolitana y el Biobío, donde, a principios de este mes, el fiscal Cristian Aguilar incluso realizó formalizaciones contra Alberto Larraín y María Constanza Gómez.
A fines de julio, la Corte de Apelaciones de Antofagasta estimó que la causa de ProCultura, que investiga delitos de apropiación indebida, tendría radicarse en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. El fallo vino como respuesta a la contienda de competencias originada en el momento en que el tribunal de Antofagasta acogiera una incidencia de las defensas de los dos imputados, tras la cual Garantía remitió los antecedentes al Cuarto Juzgado, el que rechazó conocer los hechos.
En esa oportunidad, la Corte de Apelaciones comunicó que la competencia territorial debe determinarse por el lugar donde comenzó la ejecución del delito, conforme al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales. Para el fallo se analizó la formalización del Ministerio Público que atribuyó a los imputados la distracción de recursos públicos provenientes de convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y organismos públicos de Antofagasta, entre ellos el Gobierno Regional, la Seremi de Vivienda y el Serviu.
Sin embargo, concluyó que la celebración de esos convenios y la transferencia de los recursos fueron actos lícitos y constituyen únicamente un presupuesto del delito, no el inicio de su ejecución. Esto, porque la presunta apropiación indebida correspondería a transacciones bancarias realizadas en la Región Metropolitana.
Esta determinación fue rechazada en su momento por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, argumentando que los convenios fueron celebrados con organismos públicos de Antofagasta, región desde la que se transfirieron los recursos y que también es en esta zona donde nació la obligación de restituir los fondos una vez terminados anticipadamente los convenios.
Con la decisión de la Corte Suprema, Pablo Toloza indicó que lo que corresponde ahora es que el proceso continúe en la etapa que estaba, es decir, la preparación del juicio oral. Para ello, el tribunal de Santiago tendrá que remitir los antecedentes nuevamente al Juzgado de Garantía de Antofagasta.
Una vez que esa audiencia se lleve a efecto, se remitirán los antecedentes al Tribunal Oral en lo Penal. Toloza agregó que los plazos dependerán netamente de lo administrativo, primero, respecto de lo que se demore el tribunal de Santiago en remitir los antecedentes y más tarde de la agenda del Juzgado de Garantía de Antofagasta.
“En las causas por temas de corrupción sus juicios son bastante largos, se prevé en meses, y así está ocurriendo, por ejemplo, en el Tribunal Oral de Puerto Montt, caso que también es relativo a la misma materia”, apuntó el abogado.
El llamado Caso Convenios inició con la investigación contra Democracia Viva, fundación que suscribió convenios por $426 millones con la Seremi de Vivienda de Antofagasta para proyectos comunitarios, sin contar con la experiencia requerida ni tener presencia en la región. Por su parte, la Fundación ProCultura recibió miles de millones de pesos por convenios en varias regiones para proyectos patrimoniales, sociales y urbanos.
