La muerte del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández, baleado mientras cumplía su deber, vuelve a poner frente a nosotros una realidad que ningún chileno debiera aceptar como normal: quienes tienen la misión de protegernos están exponiendo sus propias vidas frente a una delincuencia cada vez más violenta. Cristopher tenía 30 años y era padre de un pequeño hijo. Hoy es un nuevo mártir de Carabineros.
Frente a hechos como este, las autoridades tenemos el deber de preguntarnos si estamos haciendo todo lo necesario para proteger a quienes nos protegen.
En Antofagasta, esa pregunta adquiere especial relevancia ante la discusión que actualmente existe en el Consejo Regional respecto de una propuesta para adquirir cuatro carros lanza agua para Carabineros, con una inversión de $4.234 millones.
Es importante precisar que estos recursos todavía no han sido aprobados por el CORE. También es legítimo que los consejeros regionales soliciten antecedentes técnicos, conozcan el destino de la inversión y exijan transparencia respecto del uso de estos vehículos.
Pero una cosa es fiscalizar responsablemente el uso de los recursos públicos y otra muy distinta es perder de vista cuál es la prioridad que debemos tener como autoridades: la seguridad y la protección de la vida de las personas.
Carabineros necesita contar con equipamiento adecuado para enfrentar alteraciones graves del orden público y responder ante situaciones de emergencia. Y esa responsabilidad no puede quedar atrapada en discusiones políticas, burocráticas o en una disputa sobre quién debe financiar qué.
En ese contexto, la Agenda ACOT, impulsada por el Gobierno, apunta precisamente a eso: un Estado con autoridad, atribuciones y herramientas para proteger a sus ciudadanos. No podemos exigirle resultados a Carabineros mientras discutimos si debe contar o no con los medios necesarios para cumplir su misión. Frente al crimen organizado, el Estado debe recuperar el control y quienes protegen a los ciudadanos deben sentir que cuentan con todo nuestro respaldo.
Hoy Chile está de duelo por un carabinero que murió cumpliendo su deber. No podemos honrar su memoria solamente con minutos de silencio, banderas a media asta o discursos de ocasión. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo, concretamente, para que otros funcionarios puedan volver sanos y salvos a sus hogares.
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha sido claro: recuperar el orden, enfrentar al crimen organizado y devolver la seguridad a las familias chilenas es una prioridad. Esa tarea requiere policías respaldados, autoridad firme y decisiones que pongan la seguridad de las personas en el centro.
En democracia, por supuesto, cada institución debe ejercer sus competencias y fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos. Pero también debemos ser capaces de establecer prioridades.
Respaldar a Carabineros no significa renunciar a la fiscalización. Significa reconocer que quienes arriesgan su vida por nosotros deben contar con el respaldo institucional, político y material para cumplir su misión.
Por Cristopher y por todos quienes cada día salen a las calles a protegernos, tenemos que recuperar algo que nunca debimos perder: el respeto por la autoridad, el respaldo a quienes cumplen la ley y la decisión de poner la vida y seguridad de las personas por delante de cualquier cálculo político.
