El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) detalló que la demolición del Conjunto Habitacional Villa El Salar, que registró fallas estructurales que obligaron su abandono en 2023, tomará siete meses. Los trabajos comenzarán una vez que la autoridad desaloje a quienes ocuparon ilegalmente la villa en el sector centro norte de Antofagasta, lo cual dará paso a la etapa de construcción de las casas contemplada en un plazo de dos años y medio.
La directora (S) de Serviu, Blanca Moreno Gutiérrez, aseguró que avanzan en este proyecto con un sentido de urgencia. “De hecho esta semana se realizará el ingreso del anteproyecto a la DOM, todo ello pensando en las familias que han esperado por tanto tiempo su vivienda y con la misma preocupación y priorización que indicó en su última visita el ministro Poduje”, declaró.
Serviu ejecuta las etapas previas al inicio del trabajo técnico, lo cual involucra gestiones coordinadas con autoridades regionales, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el municipio. Esto permitió completar dos procesos de notificación de desalojo y dos procesos de catastro de quienes ocupan las viviendas abandonadas, tarea que desarrollaron resguardando el bienestar de personas y el cuidado de sus mascotas.
“Una vez finalizada la desocupación del sector daremos inicio a las obras de demolición. Este proceso cuenta con todas las autorizaciones y su proyección es de siete meses”, precisó la directora regional. En paralelo a las faenas preliminares, la Entidad Patrocinante “SERVAN”, elegida por las propias familias y la constructora “SEREMAC”, avanzarán en el desarrollo técnico del proyecto habitacional.
“Con esto se proyecta un periodo de construcción de dos años y medio, hito que concluirá con la esperada entrega de llaves a las familias que decidieron permanecer en este lugar”, adelantó Moreno.
CRONOLOGÍA DEL PROYECTO
En 2012, 122 familias obtuvieron un subsidio habitacional para la construcción de 126 viviendas sociales en el sector Salar del Carmen. La construcción comenzó cinco años después y tuvo varios retrasos hasta su entrega en diciembre del 2020. Sin embargo, solo meses después de llegar a sus casas, los propietarios notaron daños estructurales, filtraciones de aguas por el circuito eléctrico, grietas diagonales en paredes y hundimientos de hasta cinco centímetros. A fines del 2023, el conjunto fue abandonado por graves riesgos.
Todo esto fue expuesto en tribunales por Rolando Lorca, abogado quien representó a 77 familias durante un juicio civil resuelto favorablemente para los demandantes hace pocas semanas. Los afectados recibirán una indemnización por daño moral.
Tras las notificaciones que realizó el lunes la Delegación Presidencial Regional, la autoridad informó que el 5 de octubre termina el plazo para que se desalojen voluntariamente las viviendas.
