El episodio de la Corte de Apelaciones de Santiago revela un problema que trasciende al Poder Judicial: la distancia entre regular el uso de inteligencia artificial y controlar efectivamente sus riesgos.
La reciente controversia provocada por la publicación de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que contenía un prompt —instrucciones dirigidas a una herramienta de inteligencia artificial— ha generado cuestionamientos sobre el uso de estas tecnologías en la administración de justicia.
Sin embargo, lo verdaderamente interesante del episodio no es el error en sí mismo, sino una circunstancia que parece haber pasado inadvertida: el Poder Judicial ya contaba con reglas institucionales para gestionar los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial.
En efecto, mediante el Acta N.º 244-2025, la Corte Suprema aprobó el Código de Ética Judicial, cuyo artículo 17 aborda expresamente el uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, estableciendo el carácter humano e indelegable de la decisión jurisdiccional.
Más recientemente, el 11 de agosto de 2026, la propia Corte Suprema impartió orientaciones para la utilización adecuada de estas herramientas, contemplando exigencias de supervisión humana, verificación de resultados y mecanismos de control. Es decir, las reglas existían antes de que ocurriera el incidente.
Aquí aparece un concepto particularmente interesante desde la perspectiva del compliance tecnológico: la denominada última milla.
La expresión, proveniente de otras disciplinas, describe aquella etapa final en que los procesos, tecnologías y procedimientos deben traducirse en resultados efectivos. Aplicada al compliance y la inteligencia artificial, representa el momento en que las políticas y controles diseñados por una organización deben funcionar en la práctica, precisamente cuando el riesgo puede materializarse.
En el caso judicial, instrucciones manifiestamente ajenas al contenido de una resolución terminaron incorporadas a un documento firmado electrónicamente por dos Ministros de Corte y una abogada integrante y publicado oficialmente. Esto no demuestra, por sí solo, que la decisión jurisdiccional haya sido delegada a la IA, ni permite anticipar responsabilidades individuales, pero sí plantea una interrogante: ¿qué controles debieron operar antes de la firma y publicación del documento y por qué no impidieron ese resultado?
Esta es, precisamente, la pregunta que debería formular cualquier organización que aspire a contar con un sistema de compliance efectivo.
Hoy las empresas incorporan inteligencia artificial para analizar contratos, evaluar proveedores, detectar operaciones sospechosas, identificar riesgos de corrupción y automatizar decisiones. Paralelamente, desarrollan políticas, protocolos, códigos de conducta y procedimientos para regular su utilización (lo que se denomina “gobernanza”), pero a la luz de los hechos una cosa es disponer de reglas y otra muy distinta conseguir que funcionen.
Una organización puede contar con una excelente política de inteligencia artificial y, sin embargo, carecer de controles eficaces para verificar sus resultados. Puede establecer formalmente la supervisión humana y convertirla, en la práctica, en una simple firma o aprobación automática. Esa es la falla en la última milla: cuando el cumplimiento existe en los documentos, pero no consigue materializarse en la operación.
La experiencia es particularmente relevante para los modelos de prevención de delitos. Su eficacia no puede medirse únicamente por la existencia de matrices de riesgos, políticas o procedimientos, sino por la capacidad real de detectar, prevenir y gestionar oportunamente las situaciones que pretenden controlar.
Por ello, el episodio judicial no debería conducir a desconfiar de la inteligencia artificial. Al contrario, constituye una oportunidad para reflexionar sobre la gobernanza tecnológica, la responsabilidad de quienes utilizan estas herramientas y la necesidad de establecer controles proporcionales a sus riesgos.
La inteligencia artificial puede asistir, acelerar y mejorar innumerables procesos. Pero no reemplaza el juicio crítico ni la responsabilidad humana de verificar sus resultados. La lección debería ser bastante más profunda que un prompt incorporado accidentalmente a una resolución judicial.
El verdadero desafío del compliance no es escribir buenas reglas, sino conseguir que funcionen cuando más se necesitan.
Porque, finalmente, los sistemas de control no fracasan solamente cuando carecen de normas. También fracasan cuando, pese a tenerlas, nadie advierte que se está cruzando la última milla sin verificar el resultado.
