El diputado Fabián Ossandón, integrante de la comisión que investiga el pago de bonos asociados a metas de producción en Codelco, declaró que el “hilo no debe cortarse por lo más delgado” y que un eventual reintegro de los recursos debe apuntar a los ejecutivos responsables de los hechos, y no a los trabajadores que los recibieron de buena fe.
La comisión de la Cámara sesionó ayer, ocasión en la que el parlamentario PDG solicitó a la contralora General de la República, Dorothy Pérez, indagar lo ocurrido en la estatal. En mayo, la compañía informó que tras una denuncia ejecutó una auditoría que detectó irregularidades en los reportes de producción 2025. Las maniobras realizadas en la minera habían concluido en el pago de bonos por 14,3 millones de dólares a más de seis mil trabajadores y ejecutivos.
¿Cuál es la información que solicitó a la Contraloría sobre lo ocurrido en Codelco?
Le he solicitado formalmente a la Contraloría que determine si el pago de estos 14,3 millones de dólares en bonos constituye un perjuicio real al patrimonio fiscal, y que aclare si la responsabilidad alcanza también a las autoridades que autorizaron y debían supervisar. Además, exigí auditar los eventuales conflictos de interés por el vínculo previo de una directiva de Codelco con la firma que realizó la auditoría externa.
¿Si la Contraloría determina que existió perjuicio fiscal podría constituirse un escenario en el que todos los dineros asociados a bonos de cumplimiento tengan que recuperarse?
Si la Contraloría confirma un perjuicio fiscal, corresponde impulsar la recuperación de los recursos que se hayan pagado indebidamente. Pero sería apresurado afirmar que deben devolverse todos los bonos. Primero hay que establecer cuánto se pagó de más, a quiénes y qué corresponde legalmente recuperar. También debemos distinguir entre quienes tenían responsabilidad en las cifras y los trabajadores que confiaron en la información de la empresa. Hay que proteger los recursos de todos los chilenos y exigir que los responsables respondan.
¿Teme que un eventual reintegro de los dineros cuestionados afecte a los trabajadores?
Esta es una preocupación central y quiero ser categórico, el hilo no se puede cortar por lo más delgado. Los trabajadores de base recibieron estos bonos de buena fe, cumpliendo con sus funciones, mientras que el maquillaje de cifras vino desde arriba, de decisiones técnicas de las jefaturas. Cualquier proceso de reintegro no debe tocar el bolsillo de los operarios, sino que apuntar a los altos ejecutivos responsables.
¿Qué rol espera del Consejo de Defensa del Estado?
Espero que actúe con toda la firmeza que sus facultades permiten para defender los recursos de todos los chilenos. Si los antecedentes lo ameritan, debe ejercer las acciones penales y civiles correspondientes y perseguir la recuperación de cada peso que se determine perdido por irregularidades. Aquí nadie puede quedar al margen por su cargo o influencia. Las responsabilidades deben establecerse y hacerse efectivas, lleguen hasta donde lleguen.
¿Qué resultados debería entregar la comisión investigadora de la Cámara en esta materia?
El informe que votamos esta semana debe establecer con claridad las responsabilidades políticas de los directorios y gerencias que fallaron en sus controles. Pero, además, debemos proponer una reforma drástica al modelo de supervisión de las empresas públicas, ya que el esquema actual demostró ser totalmente insuficiente, por lo que exigiremos elevar los estándares técnicos y prohibir los conflictos de interés. Por ejemplo, hoy Cochilco es más un ente asesor de Codelco que un ente fiscalizador, y ahí debemos tener más claridad, elevar los estándares de producción y también avanzar en algunas propuestas para fortalecer los mecanismos de denuncias anónimas.
AUDITORÍAS
Codelco detalló en mayo que “la auditoría concluyó que hubo desviaciones en la aplicación de normas internas asociadas al reconocimiento de producción (…) equivalentes en su conjunto aproximadamente al 2% de la producción propia de Codelco informada para el año. La investigación determinó que estos materiales requerían procesamiento posterior, no cumplían cabalmente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, y debieron mantenerse registrados como productos en proceso. De esta manera, identificó incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias, así como efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos”.
Con la sobreestimación hubo un desembolso de 14,3 millones de dólares. A principios de este mes, la estatal publicó otro comunicado precisando el hallazgo de nuevas inconsistencias en las cifras de producción correspondiente al periodo 2024 y 2025 en las divisiones Ministro Hales y Salvador.
