Con los alegatos de apertura y medidas de seguridad especiales por la naturaleza de la investigación, comenzó hoy en Antofagasta el juicio oral en contra de dos ciudadanos mexicanos, a quienes el Ministerio Público acusa por los delitos de tráfico de drogas, elaboración ilegal de drogas, tenencia de precursores químicos y asociación para cometer delitos de la Ley 20.000, solicitando penas de 35 años de presidio para cada uno.
Según la acusación, los detenidos integrarían una organización criminal transnacional, presuntamente vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación, que habría buscado posicionar a Chile como plaza de recepción, procesamiento y comercialización de cristales de metanfetamina hacia mercados de Europa y Oceanía.
Ambos fueron detenidos en enero de 2025, durante un amplio operativo de Carabineros y el Ministerio Público en una parcela ubicada en el sector de Lolol, Región de O’Higgins, donde habían establecido un laboratorio clandestino para la síntesis y elaboración de la sustancia.
La investigación, denominada “Cristales del Pacífico”, permitió incautar 844 kilos de esta droga, la mayor registrada en el país, además de productos químicos y otros elementos indispensables para su procesamiento, todo lo cual, de acuerdo a la pesquisa, habría ingresado a Chile, vía marítima, oculta en tinetas de pintura, en una embarcación proveniente del Puerto de Manzanillo, en México.
Juicio
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que, tras una larga y compleja investigación donde participaron distintas instituciones y se emplearon técnicas de especiales de la Ley 20.000, el caso llega a su instancia más importante, el juicio oral.
“Una investigación compleja, sostenida durante casi dos años, llega al único lugar donde las acusaciones se transforman en hechos probados: el tribunal. La Fiscalía asume la carga de probar más allá de toda duda razonable los hechos que describe en la acusación y lo hace en un juicio público, con una defensa que tendrá la posibilidad de controvertir cada pieza de la prueba”, manifestó el persecutor.
Castro Bekios sostuvo que esta causa tiene una particularidad: no se trata de un solo hecho, sino de una operación que, según la acusación, partió en México, cruzó el océano y pretendía instalarse en Chile con un laboratorio para abastecer mercados lejanos.
Al respecto, el persecutor hizo hincapié en el valor de la colaboración interinstitucional que permitió conocer los planes de la organización, monitorear sus envíos, detectar el lugar donde instalarían el centro de procesamiento y, en definitiva, detenerlos durante un amplio operativo encabezado por el Ministerio Público, y con participación de OS7, GOPE, LABOCAR, Prefectura Aero policial y RPAS.
“Una organización que opera sin fronteras solo es enfrentada de verdad cuando la persecución penal hace lo mismo: cooperar, coordinar y llegar al tribunal. La frontera no es un refugio: es un lugar que la ley también sabe cruzar”, manifestó.
El juicio oral está programado para toda la semana y cuenta con las medidas de protección que establece la ley para los intervinientes en causas de crimen organizado
