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viernes, 20 noviembre, 2026
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Estudio del Ministerio Público identifica cuatro grandes organizaciones criminales con presencia en Antofagasta

El reporte expuso la presencia de bandas transnacionales en la región, aunque el escenario no podría reducirse solo a estos grupos, ya que la zona representa un alto valor para la logística de múltiples delitos. El balance también se refiere al paso de vehículos robados en caravana hacia Bolivia y a un salto en las causas por delitos asociativos durante 2025.

El “Informe de Crimen Organizado en Chile 2026” del Ministerio Público detectó cuatro agrupaciones delictivas transnacionales con presencia en la Región de Antofagasta. El reporte precisó que en esta zona registraron operaciones de estructuras conocidas como Los Shottas, Los Espartanos y Los Caleños, a las que se suma el Tren de Aragua, cuya presencia fue detectada en prácticamente todas las regiones del país.

Según detalló la fiscalía en el estudio, los Shottas y los Espartanos son originarios de Buenaventura (Colombia). En los registros aparecen asociados a delitos de tráfico de drogas, homicidio, tráfico de armas, extorsión, secuestro, amenazas y robos, con despliegue en zonas como Tarapacá, Atacama y la Región Metropolitana. Los Caleños, provenientes de Cali (Colombia), figuran vinculados al tráfico de drogas, tráfico de armas y lavado de activos, también con presencia en Arica y Parinacota y Tarapacá. Por su parte, el Tren de Aragua fue señalado por su proyección territorial en gran parte de Chile.

Sin embargo, que los registros del Ministerio Público identifiquen a estas bandas no significa que sean las únicas organizaciones delictivas operando en Antofagasta. En una región fronteriza, portuaria y de alto tránsito como ésta, pueden existir facciones menores o células de otras bandas transnacionales, junto con otras sujetos que pueden reagruparse.

DROGA Y ROBO DE VEHÍCULOS

En el apartado de drogas, el análisis ubica a Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota como las regiones con mayor concentración relativa de tráfico y como una de las principales zonas de ingreso al país. También destaca a Antofagasta en casos específicos de sustancias sintéticas, como la operación Cristales del Pacífico en enero de 2025.

Esta investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Antofagasta pesquisó 844 kilos de metanfetamina procesados en un laboratorio en la zona sur de Chile, sustancias que salieron de México en tinajas de pintura y recalado que llegaron a Antofagasta y Valparaíso. Los dos imputados recibieron una condena de 24 años de cárcel.

A esta causa se suma un antecedente de junio de 2024, cuando la Fiscalía de Antofagasta y el OS7 incautaron 1.195 ampollas de fentanilo farmacéutico en el sector norte alto de Antofagasta, junto con metadona y midazolam.

En el ítem sobre robo y receptación de vehículos, la región aparece entre las áreas relevantes en cuanto a la recuperación de automóviles sustraídos, ya que los registros de Carabineros contabilizaron 1.359 vehículos recuperados en 2024 y 1.393 en 2025. Pero el estudio muestra que las causas por robo de vehículos con tres o más imputados subieron de 90 en 2024 a 110 en 2025.

La fiscalía subrayó que parte de los vehículos sustraídos en Chile, principalmente camionetas todoterreno, vehículos SUV y automóviles de alta gama, se trasladan hacia Tarapacá y Antofagasta en caravanas con pilotos y escoltas. El destino final de estos traslados son los pasos no habilitados hacia Bolivia, donde los móviles son intercambiados por dinero, drogas o armas, lo que conecta la sustracción de vehículos con los circuitos de tráfico ilícito en la macrozona norte.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La tercera edición de este informe fue elaborada por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas y la División de Estudios del Ministerio Público. El balance presenta una caracterización de la criminalidad organizada, para lo cual recogió información de todas las fiscalías y de otros organismos del Estado correspondiente al periodo 2025.

A partir de estos datos, la fiscalía profundiza en las estructuras económicas, las redes colaboración y los mercados ilícitos que permiten a las organizaciones ilícitas funcionar y expandirse en territorio nacional. La idea del organismo persecutor es que esta evidencia contribuya al desarrollo de políticas públicas, advirtiendo que las herramientas rendirán frutos en la medida que se evalúen por “su capacidad de privar a las organizaciones de aquello que necesitan para operar y reproducirse: dinero, armas, protección y nuevos integrantes”.

El levantamiento de información también señaló que, en la región, las causas por delitos asociativos pasaron de 2 en 2023 y 2 en 2024 a 10 en 2025. Esto significa que en el trienio se acumularon 14 casos, lo que marcó una tasa de 22 causas por millón de habitantes, cifra sobre el promedio nacional de 17,2. La fiscalía sostuvo en el informe que el incremento refleja un giro hacia la investigación de estructuras organizadas más allá de los delitos aislados o los ejecutores materiales, en lugar de limitarse a perseguir hechos ilícitos que pueden ser reemplazados por otros integrantes.

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