Desde la propuesta de la nueva ley de inclusión, se instaló una fuerte discusión en la opinión pública asociada al financiamiento de la educación, debate que se acrecentó durante la campaña presidencial.
En un programa televisivo, el entonces candidato Sebastián Piñera reforzó su postura sobre mantener los cobros en ciertos establecimientos educativos, sugiriendo una conexión entre compromiso escolar y la acción de pagar. Pero, ¿Es la idea del cobro beneficiosa para los resultados educativos? y ¿Es esta visión compartida por las principales instituciones internacionales?
Desde la reforma educacional de 1980, basada en los idearios de Friedman, la orientación hacia el mercado y la participación de proveedores privados dentro del sistema se incrementó exponencialmente. No fue hasta 1989 que se permitió a los establecimientos receptores de fondos públicos cobrar un co-pago sobre el voucher, iniciativa que entró finalmente en vigencia en 1993.
Estudios a nivel nacional evidencian que no existen diferencias significativas en el desempeño escolar, si se comparan, por ejemplo, los resultados generales en SIMCE de escolares vulnerables que asisten a colegios subvencionados con y sin co-pago. Otros autores exponen que el buen desempeño estudiantil en contextos de vulnerabilidad estaría más relacionado con habilidades de resiliencia, o lo que Angela L. Duckworth, denomina “determinación”, por sobre elementos vinculados a un supuesto mayor compromiso asociado al pago.
Diversos investigadores concluyen que el mejor desempeño promedio exhibido en pruebas estandarizadas por colegios pagados en Chile es explicado, en parte, debido a la amplia presencia de procesos de cream-skimming, vinculados al uso de rigurosos criterios académicos y socioeconómicos de filtraje con tal de promover una selección adversa de riesgos dentro de la admisión escolar.
En esta línea, de acuerdo a resultados PISA en el informe OCED 2010, Chile se posicionó cuarto lugar, entre los países del grupo, donde la correlación positiva entre nivel socioeconómico y desempeño escolar en algunas áreas era más pronunciada, lo que daría fuerza a esta visión sobre el efecto de la segregación en la distribución de resultados.
Por otra parte, la defensa del cobro a las familias en establecimientos que reciben fondos estatales tampoco tendría asidero en las políticas que se buscan impulsar a nivel global. En la Declaración de Lima (2014), promovida por la Oficina Regional para la Educación (OREALC) de UNESCO junto a los Ministerios de Educación Latinoamericanos y del Caribe, se acordó el establecimiento de un mínimo de 12 años de escolaridad gratuita, política incluida dentro del marco de “Educación Para Todos (EPT)”.
Lo anterior fue revalidado en la reciente Declaración de Buenos Aires (2017), donde además las autoridades ratificaron su compromiso con la agenda en educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030). Justamente, en el objetivo específico ODS 4.1, se establece que los gobiernos deben garantizar educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad.
Además, el más reciente reporte de la OECD (2017) relacionado al sistema educativo chileno, celebró las nuevas políticas de inclusión, señalando que más que reformas revolucionarias, son pasos lógicos a seguir con tal de lograr una sociedad más equitativa. El informe señala que, a pesar que estos cambios significarán un importante desafío presupuestario en Chile, la eliminación del co-pago es un importante paso con tal de fortalecer la igualdad de oportunidades y eliminar las actuales barreras socioeconómicas, beneficiando principalmente a las familias más vulnerables.
En base a lo expuesto, el escenario actual nos llama desafiantemente a buscar nuevos horizontes donde seamos capaces de migrar desde una educación de mercado hacia una basada en derechos.
Para esto, se debe trabajar en aminorar las brechas que mantienen a la educación chilena en una situación anómala de extrema orientación al mercado dentro del concierto internacional, tal como lo señaló el experto en educación, Dr. Cristian Bellei, durante la discusión de la ley de inclusión en la comisión de educación del Senado.
El acceso a una educación de calidad no puede estar supeditada, mayormente, a la capacidad de pago de las familias. Esa, en definitiva, es la cuestión.
