Un incremento de 12,7% registró en 2014 la recaudación del impuesto territorial – conocido como contribución de bienes raíces-, al totalizar $898.203 millones, según cifras de la Tesorería General de la República.
Según consigna El Mercurio, tres son los principales factores que incidieron en este incremento, explica el tesorero Hernán Frigolett: el reavalúo de los bienes raíces, que elevó la base de cálculo del impuesto; las condonaciones de multas e intereses entre febrero y julio que hicieron que mucha gente regularizara sus deudas, y la caducidad de exenciones.
De las 20 municipalidades que generaron la mayor recaudación, los mayores incrementos en relación a 2013 correspondieron a Antofagasta (36%), Peñalolén (28,9%), Colina (26,6%), Concepción (22,6%) y Huechuraba (22,1%). El aumento de la construcción de viviendas donde en algunos casos antes había solo parcelas es parte de las razones que están detrás del alza en esas comunas.
Fondo Común Municipal
En la Ley de Rentas Municipales, el Fondo Común Municipal (FMC) está definido como un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país. La norma general es que los municipios se queden con el 40% de la recaudación de las contribuciones de bienes raíces y el 60% lo aportan al FCM, a excepción de las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, que se quedan con el 35% y aportan el 65% al fondo común.
En 2014, el FCM recaudó $949.390 millones, de los cuales $553.216 millones provinieron del impuesto territorial que los contribuyentes pagan a la Tesorería, esto es, un 58,3%.
Los demás fondos, que son recaudados directamente por los municipios, corresponden a: permisos de circulación, que representaron un 24% del total; patentes comerciales, 13,3%; transferencia de vehículos, 3,5%; multas por fotorradares, 0,7%, y bienes fiscales, 0,2%.
«El FCM es eminentemente redistributivo de la riqueza fiscal levantada por los impuestos de rentas municipales», enfatiza Hernán Frigolett, Tesorero General de la República. Se distribuyen los ingresos percibidos y así se fortalece el flujo de caja de los municipios más pobres. Al demorar el pago, se debilita ese flujo.
La Tesorería y la Contraloría supervigilan que los municipios cumplan con ingresar los recursos 30 días después de cerrado el plazo para el pago del impuesto respectivo. No obstante, Frigolett señala que algunas municipalidades a veces demoran hasta 60 días, especialmente en el caso de los permisos de circulación, y si bien hay sanciones por el atraso, la Tesorería no dispone de los datos del total recaudado, salvo el informe que entregue el municipio.
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