La alcaldesa de Sierra Gorda y presidenta del directorio de la Fundación Cultural de Sierra Gorda, Adriana Rivera, interpuso una querella criminal por el delito de malversación de caudales públicos ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en contra de todos quienes resulten responsables por el eventual uso indebido de recursos municipales destinados al funcionamiento de dicha entidad.
La acción judicial se origina tras una revisión administrativa y contable realizada durante el año 2025, la cual detectó diferencias no justificadas en la rendición de una subvención municipal por $150 millones, correspondiente al periodo enero–mayo de ese año. Según el oficio de la Unidad de Control Municipal, el monto observado inicialmente ascendía a $38,7 millones, de los cuales $30 millones fueron reintegrados, quedando un saldo pendiente de $8.782.637, sin respaldo documental suficiente.
De acuerdo con la querella, el actual secretario ejecutivo de la fundación, Juan Alarcón Ramos —quien asumió en noviembre de 2025— alertó formalmente al directorio sobre la ausencia de documentación válida que permitiera acreditar el correcto destino de los fondos observados, advirtiendo la posibilidad de un uso indebido de recursos públicos y la necesidad de activar medidas de investigación y control.
Transferencias entre cuentas y pagos improcedentes
El escrito judicial describe un patrón reiterado de irregularidades, que incluiría el uso de recursos provenientes de la cuenta destinada exclusivamente a subvenciones municipales para financiar gastos ajenos a dicho fin, algunos de ellos vinculados a proyectos externos o beneficios particulares. Entre los casos mencionados se encuentra la compra de vestuario de caporales por cerca de $4,7 millones, pagada con fondos municipales, pese a no corresponder al objeto de la subvención ni a personal de la fundación.
Asimismo, se detallan movimientos financieros inusuales, como depósitos por montos mínimos para “cuadrar” rendiciones, emisión de cheques que posteriormente aparecían como “nulos” y pagos cruzados entre cuentas bancarias, lo que —según la querella— podría configurar un mecanismo sistemático de desvío de recursos públicos, conocido internamente como una “bicicleta financiera”.
Posibles responsabilidades y ampliación de la investigación
La acción penal menciona como personas de interés al exsecretario ejecutivo de la fundación, a la contadora y al encargado de control de gestión y proyectos, quienes habrían tenido manejo directo de chequeras, rendiciones y movimientos bancarios. No obstante, la querella se dirige contra todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, sin perjuicio de que la investigación pueda ampliarse a ejercicios anteriores, dado que se presume que prácticas similares podrían haberse extendido por varios años.
Finalmente, la alcaldesa solicitó al tribunal que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público, junto con una serie de diligencias investigativas, entre ellas peritajes contables y bancarios, levantamiento del secreto bancario y declaraciones de los involucrados, con el fin de determinar el monto total eventualmente malversado y las responsabilidades penales correspondientes.
