Después que la Corte Suprema terminara por sepultar la vía de tribunales para impedir la continuación del proyecto de traslado de concentrados de cobre por el puerto de Antofagasta, sólo es posible la vía política.
Recordemos que no hace mucho tiempo, el Presidente Piñera bajó el proyecto de una central termoeléctrica en Caleta Chungungos en la Región de Coquimbo. Este proyecto había obtenido todas las aprobaciones correspondientes pero, generó fuerte oposición de parte de organizaciones ambientalistas que se manifestaron en la capital y en regiones.
Producto de lo anterior, el mismo Sebastián Piñera decidió comunicarse directamente con los responsables del proyecto para que desistieran de él o cambiaran su emplazamiento. “Le he pedido y hemos acordado con Suez Energy cambiar la ubicación de la central, de forma tal de alejarla del sector de Punta de Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese maravilloso santuario de la naturaleza”, afirmó en una entrevista en ese entonces.
Las autoridades deben ponderar el impacto negativo en una comunidad cada día más empoderada y que reclama y exige sus derechos. Hoy está en juego la capacidad de liderazgo de las autoridades y la credibilidad de la clase empresarial que realmente creen en la responsabilidad social.
Lo sucedido con el galpón del puerto de Antofagasta evidencia que la participación ciudadana en los procesos de evaluación de proyectos no son efectivas y no pasan de ser un ejercicio que viste de un ropaje de aceptación ciudadana algo que nunca lo ha sido efectivamente.
Autoridades y empresarios deberán ir más allá de lo que una deficiente legislación ambiental permite y ser capaces de recoger el clamor ciudadano de querer vivir en una ciudad menos contaminada y con menos congestión, una ciudad con mayor calidad de vida.
El empresariado debe hacer carne los bellos discursos que hablan de una responsabilidad social y de un compromiso con la sustentabilidad y comprender que eso implica producir con mayores costos y no tomar decisiones sólo viendo la mayor rentabilidad económica sino también la mayor rentabilidad social. No pueden quedarse sólo con lo que la ley dice, la responsabilidad social obliga a ir mucho más allá.
Los políticos deben hacer su tarea de representar a la comunidad y como tales poner lo que la comunidad pide en la mesa de conversación. No puede ser el resultado final de este desencuentro el que, las autoridades no pudieron lograr lo que la ciudadanía pide de ellos y que los empresarios no escuchan a las comunidades a las que impactan con su accionar.
El Estado no puede hacerse el desentendido en esto, hay también una empresa pública implicada y ella también debe responder a la comunidad.
Es la hora de la política, pero de esa política grande. Esperemos que esté a la altura y no sea este asunto, un nuevo elemento que desafecte más a la ciudadanía con la política y sus representantes.
