Este jueves fue presentada la cartera de proyectos de inversión minera 2025-2034, elaborada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la cual asciende a US$104.549 millones a nivel país. Esta cifra representa un incremento de 25,7% —equivalente a US$21.369 millones— respecto del catastro anterior, posicionándose como el monto más alto registrado en los últimos 11 años.
Por regiones, Antofagasta lidera ampliamente la inversión con US$40.209 millones, impulsada por proyectos de expansión y continuidad operacional de gran escala. Le sigue Tarapacá, con US$14.470 millones, destacando el interés por la eventual reapertura de Cerro Colorado y nuevas iniciativas que incorporan agua de mar y modernización de procesos, reforzando la sostenibilidad hídrica de la región.
Al respecto, la ministra de Minería, Aurora Williams, sostuvo que esta cartera “refleja con fuerza que la minería chilena está retomando su dinamismo. El aumento histórico de la inversión proyectada demuestra confianza en nuestro país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería más moderna, sostenible y competitiva”.
“Estamos viendo cómo nuevos proyectos de cobre y litio se consolidan como motores del desarrollo futuro. Esta proyección confirma que Chile sigue siendo un actor clave en la transición energética y en la oferta de minerales estratégicos para el mundo”, añadió la secretaria de Estado.
La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, destacó que este es el segundo año consecutivo de expansión de la cartera, lo que sugiere una recuperación gradual del ciclo de inversión minera. Agregó que el crecimiento está impulsado principalmente por el ingreso de nuevos proyectos del sector privado, reflejando la reactivación de iniciativas que en años anteriores permanecían en etapa de revisión, reformulación o factibilidad temprana.
Entre los proyectos de mayor escala destacan la Nueva Concentradora en Rosario (4ª línea de Collahuasi) y la Nueva Concentradora Los Colorados en Escondida, ambos actualmente en fase de prefactibilidad y aún sin Resolución de Calificación Ambiental, pero definidos por las compañías como piezas clave para sus estrategias de crecimiento y continuidad operativa.
Asimismo, se incorpora el Proyecto Salares Altoandinos, desarrollado por ENAMI en asociación con Rio Tinto, con una inversión estimada de US$3.200 millones, constituyéndose en un hito relevante para el desarrollo del litio bajo el nuevo modelo de asociación público-privada establecido por la Estrategia Nacional del Litio.
La inversión en proyectos de cobre alcanza su nivel más alto desde el período 2016–2025 con un 89,8% de la inversión total, evidenciando interés tanto en iniciativas de reposición y optimización como en expansiones de gran escala. Este comportamiento se ve favorecido por un contexto de precios sólidos, que ha impulsado la materialización de nuevos desarrollos y la reactivación de proyectos previamente postergados.
En paralelo, desde 2021 la cartera incorpora proyectos de litio, cuya inversión estimada para 2025 llega a US$4.700 millones, más del doble de lo considerado hace cuatro años. Con la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y la fuerte demanda internacional, este mineral se consolida como un componente estable y estratégico dentro del portafolio minero de la próxima década.
Inversión según tipo de proyecto
Del total de la cartera, 81% corresponde a proyectos brownfield (reposición y expansión), lo que refleja una clara orientación de la industria hacia la optimización y ampliación de operaciones existentes. Los proyectos greenfield representan el 19%. A nivel de avance, un 41% de las iniciativas se encuentran en ejecución —ingeniería de detalle, construcción o puesta en marcha—, mientras que el resto se distribuye entre prefactibilidad (29%), factibilidad (26%) y estudios conceptuales (4%).
La cartera presenta también una estructura de condicionalidad desafiante: 41% corresponde a proyectos base con alto grado de certeza, mientras que un 40% corresponde a proyectos potenciales, sujetos aún a definiciones técnicas, ambientales o financieras. El 19% restante —proyectos probables y posibles— requiere avanzar en aspectos críticos como permisos, ingeniería, acuerdos comunitarios o decisiones formales de inversión.
