Los abogados Ronald Sanhueza y Marcel Didier von der Hundt presentaron una demanda por cobro de honorarios profesionales contra la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, luego de haber representado legalmente a esta organización en una demanda por daño ambiental contra Minera Escondida, Albemarle y Minera Zaldívar, proceso que culminó con un acuerdo de conciliación aprobado judicialmente y que incluyó más de USD 42 millones en beneficios directos para la comunidad.
Según los demandantes, los términos de su trabajo fueron previamente acordados, aprobados en Asamblea y parcialmente cumplidos, pero tras el éxito del acuerdo la Comunidad habría desconocido los términos del contrato y se negó a pagar el monto restante: más de USD 4.1 millones, cifra que corresponde a un porcentaje pactado sobre el monto conseguido en la conciliación.
“El juicio concluyó con un histórico Acuerdo de Conciliación […] por un monto de USD 42.884.015” — señalan en la demanda.
La versión de los abogados: pacto claro, ejecución exitosa
Los abogados sostienen que en junio de 2023, la Comunidad aprobó expresamente una propuesta de honorarios que incluía pagos fijos y variables, y que estos fueron aceptados por el entonces presidente Bernardino Barrera y respaldados en Asamblea.
Además, aseguran que representaron a la Comunidad durante más de dos años y medio, liderando las negociaciones, participando en audiencias, redactando observaciones técnicas y obteniendo un acuerdo que evitó el riesgo de perder el caso en juicio.
“El total de honorarios profesionales asciende a USD 4.149.602,25” — detallan.
La defensa de la Comunidad: propuesta unilateral, sin contrato válido
En su contestación de la demanda, la Comunidad Atacameña de Peine rechaza categóricamente la pretensión de los abogados. Si bien reconoce su labor, argumenta que:
- Nunca existió un contrato formal firmado que respaldara los «honorarios variables».
- La propuesta fue enviada más de un año después de iniciada la relación profesional, y de forma unilateral.
- La supuesta aprobación de la Asamblea nunca incluyó montos específicos, y los abogados omitieron explicar claramente los efectos financieros del acuerdo de conciliación.
- Se trata de una comunidad indígena con asimetría informativa frente a sus asesores.
“Los demandantes pretenden, de manera unilateral, fijar las supuestas condiciones contractuales relativas a la compensación de sus servicios profesionales” — afirma la defensa.
Cuestionamientos al fondo del reclamo
La defensa también sostiene que:
- Los fondos del acuerdo no son de libre disposición, sino que están sujetos a proyectos, auditorías y ejecución a largo plazo (hasta 20 años).
- Solo se han recibido alrededor de $320 millones de pesos chilenos (unos USD 360.000) a la fecha, mientras se exige el pago inmediato de más de 4 mil millones de pesos chilenos.
- No se incluyeron honorarios legales en el acuerdo conciliatorio, lo que, para la comunidad, debió haber sido previsto por los abogados.
- Consideran que los pagos ya realizados por concepto de honorarios fijos (alrededor de UF 120 mensuales) son adecuados y proporcionales al servicio prestado.
“No resulta procedente bajo ninguna circunstancia el pago de los honorarios variables demandados” — concluye la contestación.
¿Y ahora qué?
Mientras los abogados exigen el pago íntegro con intereses y costas, la Comunidad ofrece el reconocimiento de UF 120 pendientes por concepto fijo pero rechaza rotundamente la cláusula de éxito. La resolución de este conflicto podría sentar un importante precedente sobre la forma en que se formalizan acuerdos entre comunidades indígenas y sus asesores legales en casos de alta complejidad técnica y financiera.
