El Primer Juzgado Civil de Antofagasta condenó al fisco a pagar una indemnización de $30 millones por daño moral a un estudiante que permaneció tres días privado de libertad en 2020 luego de ser detenido por error de identidad. El tribunal estableció que funcionarios de Carabineros no verificaron correctamente sus antecedentes antes de concretar el arresto.
La detención se produjo en las cercanías de su casa de estudios, cuando funcionarios policiales lo confundieron con un hombre que mantenía una orden de detención vigente por un caso de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar registrado en la ciudad de Cañete.
“(…) se debe expresar que la negligencia en la que incurrieron funcionarios públicos se tradujo en la incorrecta verificación de la identidad de la persona sindicada por la víctima como autor del delito de lesiones cometido en contexto de violencia intrafamiliar, lo anterior debido al grosero descuido cometido por aquellos, al no hacer uso del sistema de identificación de personas con los que cuentan en su carácter de policías especializadas, tales como, cross match, cuestión que hubiera permitido establecer de forma cierta que se trataba del real agresor y no de otro, quienes ante la incertidumbre de un antecedente de vital relevancia y con los mismos datos proporcionados por la víctima, en cuanto a que tenían un hijo común, pudieron haber obtenido un certificado de nacimiento de este y así determinar correctamente el número de cédula de identidad del supuesto agresor”, plantea el fallo.
La resolución agrega que “eue, a modo ejemplar, en un simple ejercicio efectuado por este magistrado, en un buscador común de libre acceso al público, se pudo obtener como resultado que el nombre (…), tiene asociadas a 18 personas, con igual primer nombre y apellidos, por lo que resulta difícil creer que personal policial con tanto descuido y sin desplegar acciones complementarias para averiguar de manera objetiva la identidad de un sujeto, al parecer al azar, individualizaran a cualquiera de ellos, generando con ello que un ciudadano de esta República, sin antecedentes policiales ni delincuenciales, mientras se encontraba en cercanías de su casa de estudios, donde cursaba la carrera de gastronomía, fuera detenido frente a sus compañeros y trasladado a un recinto policial donde quedó a la espera de su control de detención, en un calabozo de dicho lugar y permanecer, en definitiva, privado de libertad durante tres días y fracción –como ya se indicó– todo lo cual, evidentemente se enmarca en una manifiesta falta de servicio por parte de funcionarios públicos que forman parte de un órgano de seguridad nacional, principalmente por haber prestado un servicio deficiente, en los deberes y obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico en ejercicio de sus facultades autónomas”.
