El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destituyó a dos funcionarios municipales que continuaban en funciones, tras la conclusión de un sumario administrativo instruido por la Contraloría Regional, relacionado con los polémicos chats entre el exalcalde Jonathan Velásquez y su equipo de confianza, difundidos en junio de 2022 en el marco de una demanda por tutela laboral.
La medida se adoptó luego de que el órgano contralor finalizara la investigación y propusiera sanciones administrativas para seis funcionarios involucrados. Si bien la Contraloría sugirió una rebaja del 20% en las remuneraciones y un descuento de cuatro puntos en la calificación funcionaria, el jefe comunal estimó que los hechos acreditados revestían una mayor gravedad, resolviendo aplicar la destitución, la sanción más severa contemplada en la administración pública.
El proceso disciplinario, que concluyó en noviembre de 2025, fue instruido por la Contraloría, la que investigó una serie de conversaciones privadas que incluían burlas, memes y comentarios ofensivos dirigidos a funcionarios, autoridades y vecinos de la comuna, además de referencias a eventuales beneficios a determinados empresarios, entre otras conductas cuestionadas.
El administrador municipal, Rafael Castro, explicó que “el sumario involucra a seis funcionarios municipales, además del ex Alcalde Velásquez. De ese total, dos personas continúan desempeñando funciones al interior del municipio quienes fueron notificados personalmente durante la jornada del jueves. A partir de dicha notificación, comenzaron a correr los plazos legales para que puedan interponer un recurso de reposición ante el propio alcalde. Una vez resuelta dicha acción, la resolución deberá ser remitida nuevamente a la Contraloría para su correspondiente toma de razón”.
En cuanto a los funcionarios que ya no se encuentran trabajando en el municipio, desde la jefatura jurídica indicaron que, “dado que el sumario se inició cuando todos estaban en ejercicio de funciones públicas, las consecuencias administrativas los afectan igualmente. En estos casos, la sanción será registrada en su hoja de vida funcionaria, lo que implica que, si en el futuro se reincorporan a la administración pública, ésta quedará vigente y podrá hacerse efectiva en el nuevo servicio donde se desempeñen”.
La destitución implica, además, la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un período de cinco años, conforme a la normativa vigente.
