Una crítica directa, sin matices, fue la que lanzó el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, a la Delegación Presidencial de Antofagasta, tras el bloqueo de rutas ocurrido durante la negociación colectiva de Finning.
En conversación con Un Día Menos, Villarino calificó como “un muy mal argumento” que la autoridad se marginara del conflicto señalando que se trataba de un camino privado.
“Eso no es aceptable”
Para Villarino, el hecho de que una vía sea privada no exime al Estado de su responsabilidad de resguardar el orden público: “La fuerza pública está para poner orden tanto en vías públicas como privadas. No puede mirar desde la galería”.
El dirigente explicó que se trata de rutas estratégicas por donde transitan personas, insumos y producción clave para la región y el país.
Riesgo de precedente
El presidente del Consejo Minero fue más allá y advirtió que tolerar este tipo de acciones abre un precedente grave: “Con esta señal, mañana cualquier proveedor podría tomarse un camino estratégico para presionar en una negociación colectiva”.
Según sostuvo, ese escenario expone a la región a chantajes y extorsiones que no están contempladas en el marco legal laboral. Sin nombrarla directamente, Villarino apuntó a la Delegada Presidencial de Antofagasta, cuestionando la falta de decisión política.
“La reacción fue desacertada, inoportuna y lenta. Gobernar implica asumir costos, incluso en los últimos días del mandato”.
A su juicio, la pasividad del Estado no protege ni a los trabajadores, ni a las empresas, ni a terceros que se ven afectados por este tipo de bloqueos.
Defensa del diálogo laboral
Villarino remarcó que la minería chilena tiene una tradición de relaciones laborales formales, sindicatos fuertes y negociaciones colectivas robustas. “Nada de eso habilita a extorsionar o paralizar actividades estratégicas por fuera de los cauces legales”, indicó.
Antofagasta como ejemplo… con una advertencia
Más allá del conflicto, el presidente del Consejo Minero destacó que Antofagasta es una región “envidiable” para otras zonas mineras del país, por su estrategia regional, gobernanza y colaboración público-privada.
Sin embargo, advirtió que ese capital puede dilapidarse si el Estado no da señales claras de orden y respeto a las reglas: “Cuidar la democracia, el orden público y las relaciones laborales es clave para el desarrollo de la región”.
