Hace menos de un mes, Carlos Montes, en ese momento ministro de Vivienda, llegó hasta la oficina del alcalde de Antofagasta Sacha Razmilic. Entre los puntos que trataron, el exsecretario de Estado le mostró un proyecto para regularizar el campamento Los Arenales, el más grande de la ciudad que está ubicado en la zona norte de la comuna. “Nosotros fuimos claros en decir que consolidar tomas irregulares es una señal equivocada que incentiva nuevas ocupaciones y debilita el respeto por las normas”, declaró Razmilic.
El alcalde manifestó su preocupación por el aumento de las tomas de terreno, las que no solo están creciendo en asentamientos ya establecidos, sino que también se extienden a nuevos puntos de Antofagasta. Además, recordó que algunos de estos sectores han sido utilizados por el crimen organizado, algo de lo que dieron cuenta investigaciones de la fiscalía. El jefe comunal explicó que su postura está en la erradicación de los campamentos, con procesos planificados y responsables, pero entregando una señal clara de orden y freno a nuevas tomas.
Y aunque para la tarea de control territorial Razmilic tiene a disposición maquinaria y recurso humano del municipio, el alcalde aclaró que el gobierno central es el que debe asumir el liderazgo en esta materia, ya que se trata de terrenos fiscales y las reparticiones que tienen injerencia en su recuperación dependen de los ministerios.
¿Cuál es la información que manejan como municipio respecto a las tomas, han aumentado, están en nuevos sectores?
Nuestra comuna concentra más de 10 mil familias en 116 campamentos, una de las cifras más altas del país, y hemos visto un aumento sostenido con intentos de nuevas tomas en distintos sectores. Esto impacta la planificación urbana, la seguridad y, sobre todo, a los vecinos que trabajan, pagan sus viviendas y cumplen las reglas. Como municipio somos categóricos: no vamos a permitir que la ilegalidad se normalice ni que se siga premiando a quienes se saltan la fila.
¿Cómo observan la situación de seguridad en todo sentido en los asentamientos?
Los campamentos presentan altos niveles de vulnerabilidad urbana y sanitaria y, en algunos casos, han sido aprovechados por organizaciones delictuales para instalar puntos de acopio de droga e incluso verdaderos búnker narco, desde donde se desarrollan actividades ilícitas. Esto genera temor e inseguridad tanto en quienes viven allí como en los barrios colindantes. El municipio ha reforzado las medidas de prevención, pero este es un problema estructural que requiere una acción firme y coordinada del Estado para recuperar el control territorial.
Dijo que el ministro Montes le mostró una idea para radicar una megatoma en el sector norte. ¿Qué acciones espera de las nuevas autoridades?
Efectivamente, el exministro nos planteó la posibilidad de regularizar un gran campamento, y nosotros fuimos claros en decir que consolidar tomas irregulares es una señal equivocada que incentiva nuevas ocupaciones y debilita el respeto por las normas. Confiamos que las nuevas autoridades impulsen una estrategia distinta, centrada en recuperar terrenos fiscales, ordenar el crecimiento de la ciudad y fortalecer soluciones habitacionales dentro del sistema formal. Confiamos en que las nuevas autoridades impulsarán una estrategia firme y eficaz para enfrentar esta crisis.
En la región, ¿qué autoridad es la llamada a asumir el liderazgo de esta materia?
El liderazgo debe asumirlo el gobierno central, porque los terrenos involucrados son mayoritariamente fiscales y las herramientas legales dependen de sus decisiones. El Ministerio de Vivienda, Bienes Nacionales, la Delegación Presidencial, las policías y la Fiscalía tienen un rol clave. Como municipio no nos vamos a restar: pondremos toda nuestra disposición territorial, maquinaria, camiones, personal y coordinación operativa para apoyar las acciones que permitan recuperar los espacios ocupados y evitar nuevas tomas.
¿Su postura de erradicación es a todo evento? Hay sectores en los que desalojar es prácticamente imposible por el volumen que requiere una solución en otro sitio, como Los Arenales.
Sí, nuestra postura es avanzar decididamente en la erradicación de campamentos, con procesos planificados y responsables, pero dando una señal clara de orden y freno a nuevas tomas. Sabemos que existen realidades complejas que requieren soluciones graduales, pero el compromiso es recuperar progresivamente los terrenos ocupados y avanzar en desalojos. En esa línea, recientemente sostuvimos una reunión con el Presidente José Antonio Kast para abordar esta situación como prioridad, y como municipio estamos disponibles para colaborar activamente en las medidas de recuperación territorial y control de nuevas ocupaciones.
En Antofagasta ya se han realizado catastros de campamentos, pero cuando concluye ese trabajo, la información prácticamente ya queda desfasada. ¿Qué espera del catastro que encargará su administración?
Los catastros no son responsabilidad directa del municipio, sino del gobierno central u otras instituciones, pero siempre estaremos disponibles para colaborar activamente. Nuestro objetivo es evitar nuevas tomas, recuperar el orden urbano y asegurar que ningún vecino tenga que vivir ilegal. Antofagasta necesita reglas claras y respeto por quienes cumplen, porque no vamos a seguir tolerando que la ocupación irregular siga avanzando ni que se premie a quienes ocupan terrenos que son parte de todos los chilenos.
