El Hospital Regional, el Servicio Local de Educación Pública Licancabur, las ciclovías en el centro de la ciudad, el aumento de las cuentas de electricidad en una zona productora de energía y los casos de funcionarios públicos que con licencia médica salieron del país son las crisis que han golpeado al gobierno durante las últimas semanas, señaló el diputado Jaime Araya (IND-PPD). “Estamos en un momento social muy complicado”, manifestó el parlamentario, quien aseguró que el único camino en este escenario pasa por un esfuerzo para recuperar el orden en el país.
“Los gobiernos están para gobernar, la responsabilidad del presidente y su equipo colaboradores es sacar adelante el país. Esto ya no tiene que ver con un tema de izquierda o derecha, sino de colocar orden”, aseguró Araya. El legislador realizó fuertes críticas al Servicio Local de Educación Pública Licancabur, donde pide un interventor para terminar con una “pyme familiar partidaria” y también dijo que debería salir del cargo el director del Serviu por su gestión en Altos Covando, Villa El Salar y las ciclovías.
“Estamos en un contexto en el que se habla de un ajuste fiscal importante, evaluando la posibilidad de terminar con el bono bodas de oro y el Serviu de Antofagasta no se inmuta para gastar dos mil millones de pesos en proyectos que nadie pidió y que están creando problemas en la ciudad. Al final, la gente no entiende lo que está haciendo el gobierno”, afirmó.
- ¿Qué evaluación tiene del manejo del gobierno sobre la contingencia del país durante las últimas semanas?
Estamos en una situación muy compleja, estallan crisis en todas partes y el presidente requiere un esfuerzo titánico para tratar de enderezar la gestión del gobierno durante las últimas semanas. Conocimos que un amigo del presidente, quien trabajaba en la Subtel y tuvo un mal uso de licencia médica y registró un aumento de remuneración por cumplir funciones críticas, y eso da cuenta de que hay un problema importante. Valoro que tras difundirse esto por la prensa, la situación fuera enmendada inmediatamente y esta persona saliera de su cargo. Pero al mirar el conjunto de las situaciones que han ocurrido, claramente el presidente requiere enderezar la marcha del gobierno, poner un foco muy claro en las reales necesidades de la ciudadanía. Se necesita un esfuerzo serio para ordenar y que el gobierno termine como corresponde, porque, además, el crimen organizado en Antofagasta arrecia, se duplicaron las incautaciones de droga.
¿Cómo es posible que nos prometieran energía limpia y barata, y resulta que el alza de la cuenta de la luz llegará a 8,1% en Antofagasta? Estamos en un momento social muy complicado, costo de la vida, el crimen organizado, el hospital en crisis, está todo muy difícil.
- ¿Ve capacidad en el gobierno para imponer un agenda propia?
Los gobiernos están para gobernar, la responsabilidad del presidente y su equipo colaboradores es sacar adelante el país. Esto ya no tiene que ver con un tema de izquierda o derecha, sino de colocar orden. Lo que ha significado ProCultura, donde aparece Alberto Larraín como una persona que no tenía ningún amigo, pero luego conocemos que era amigo de varios personajes del gobierno. Casos como estos han dañado profundamente la credibilidad y lo que corresponde es ordenar y dar cumplimiento a lo que se debe hacer. Incluso, estamos en un contexto en el que se habla de un ajuste fiscal importante, evaluando la posibilidad de terminar con el bono bodas de oro y el Serviu de Antofagasta no se inmuta para gasta dos mil millones de pesos en proyectos que nadie pidió y que están creando problemas en la ciudad. Al final, la gente no entiende lo que está haciendo el gobierno.
- La nueva etapa de ciclovías despertó críticas respecto de su trazado, porque con ellas apareció congestión vehicular en lugares donde antes no era un problema tan agudo. ¿Cuál es su visión de ese proyecto?
Creo que es un tema arrogancia y despotismo, una autoridad que atornilla al revés. No entiendo cómo sigue en la dirección del Serviu una persona que no hace daño al gobierno, sino a la ciudad. Basta con ver lo que pasó afuera del Colegio San José, la ciclovía en calle Víctor Jara. No olvidemos el contexto de la crisis del Hospital Regional, el mismo día que dice que la concesionaria no está cumpliendo, ese mismo día el gobierno adjudica la concesión de la planta de tratamiento de aguas servidas. Eso es una burla y por eso el presidente tiene una responsabilidad personal de enderezar la marcha de su gobierno.
- Desde Calama hay críticas para el funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública Licancabur.
Con el alcalde Eliecer Chamorro desde el 2023 estamos viendo ese tema, advirtiendo que está mal diseñado porque las cosas se hacen desde Santiago sin escuchar a las regiones. Pero una cosa es que el sistema tenga problemas de implementación y lo otro son actos que no tienen ninguna explicación, como montar una pyme familiar y partidaria a cargo de la educación pública. Esto es la radiografía de la crisis del gobierno y quienes como parlamentarios hemos denunciado la situación, a pesar de todas las amenazas, recomendaciones y llamados de atención, lo seguiremos haciendo. Hay un tema fundamental, los niños son los que pierden. He hablado con el ministro de Educación, envié oficios al director de Educación Pública para que inicie un sumario contra el director y lo suspenda de sus funciones, porque se requiere un interventor en el Slep Licancabur.
Se requiere hacer cosas distintas, el gobierno no puede darse por cerrado, hay una responsabilidad de las autoridades con sus tareas. Haría un llamado a poner orden en las regiones, no se cumplieron las promesas, no se hizo nada con el oncológico para Calama, solo palabras y nada concreto. Los profesores están amenazados, problemas en Toconao, en Socaire, en San Pedro, Calama y Tocopilla. Es un Slep que genera crisis y con el conocimiento que tengo seguiré denunciando por responsabilidad y no esperaré a que suceda lo de Atacama, donde el Slep quedó destruido. No sacamos nada con aparecer cuando el tema sea inmanejable, debe resolverse ahora y eso pasa por suspender de funciones al director, que el interventor revise a las personas que están trabajando para ver las razones y las competencias por las que entraron.
- ¿Cuál es su evaluación de la crisis por funcionarios públicos que salieron del país en medio de licencias médicas?
Lo primero es que los funcionarios públicos tienen que ser muy cuidadosos, porque cuentan con un privilegio que no tiene nadie, que sus licencias son pagadas inmediatamente sin pasar por las humillaciones que vive el resto de los trabajadores cuando van al Compin. Lo segundo es que, a pesar de que la presidenta de la Anef se enoje y mande recados por los medios de comunicación, lo que corresponde es que formemos un grupo para terminar con este tipo de abusos, porque no es posible que aparezcan todos funcionarios del sector público cuestionado por personas inescrupulosas que se aprovechan del sistema. Es un problema sistémico y en distintos temas contar con fiscalizaciones como estas nos dan garantías de que tenemos institucionalidad que está amenazada por la corrupción, pero que ha sido capaz de resistir. Esto independientemente de los colores políticos, es una amenaza transversal de la sociedad y por ello debemos ponernos todos de acuerdo para erradicar estas prácticas. Nadie puede subirse al altar de la moral para dar receta de lo que se debe hacer, lo importante es un acuerdo para que nadie defienda ni tolera estas prácticas.
