La Empresa Nacional de Minería (Enami) posee un modelo de negocios único en el mundo, que ha sido fundamental para el desarrollo de la pequeña y mediana minería en Chile durante los últimos 65 años. Desde su fundación ha sido una herramienta clave del Estado para fomentar, acompañar y fortalecer progresivamente la actividad minera en múltiples regiones del país, donde esta industria representa el principal sustento económico de muchas comunas.
Al inicio de esta administración, recibimos una Enami en situación crítica: entre 2011 y 2022 acumuló pérdidas por US$ 754 millones. A ello se suma un aumento de deuda del 400% entre 2016 y 2024, debido en gran parte a los elevados costos operacionales de sus planteles, muchos de ellos obsoletos y con limitada productividad.
Ante este escenario, como gobierno asumimos un compromiso firme con la estabilidad financiera y la sostenibilidad de Enami. Tomamos decisiones difíciles, pero necesarias, como la suspensión temporal de la operación de la Fundición Hernán Videla Lira, lo que ha permitido generar ahorros por US$ 10 millones mensuales; o la venta de la participación en Quebrada Blanca (Teck) a Codelco, por US$ 520 millones. En 2024 se reestructuraron sus pasivos financieros, reduciendo su deuda neta de US$ 596 millones a US$ 133 millones.
Este proceso de recuperación ha sido acompañado por un aumento sustantivo del apoyo estatal, que contó con un amplio apoyo parlamentario. En la Ley de Presupuestos 2025 se concretó una capitalización histórica de US$ 25 millones, la cual permitirá financiar un plan de modernización de planteles acorde a los desafíos actuales. A esto se suma el incremento del Fondo de Fomento, que pasa de US$ 8 a US$ 10 millones, el monto más alto en las últimas dos décadas. Además, se habilitó una glosa presupuestaria que autoriza el traspaso de recursos desde los Gobiernos Regionales a Enami, lo que abre nuevas posibilidades para fortalecer la actividad minera en los territorios.
En este contexto, hemos presentado al Congreso un proyecto de ley destinado a modernizar el gobierno corporativo de Enami, con el objetivo de dotarla de una gobernanza más técnica, transparente y alineada con los desafíos del futuro. Este proyecto no convierte a Enami en una Sociedad Anónima —como se ha afirmado erróneamente—, sino que mantiene su carácter de Empresa del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
La propuesta contempla un directorio paritario, parcialmente renovable cada cuatro años, compuesto por dos integrantes designados por el Presidente de la República, cuatro seleccionados a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), y un representante de los trabajadores. Asimismo, establece que los principales ejecutivos de Enami ejerzan sus funciones desde oficinas regionales, fortaleciendo su arraigo territorial y contribuyendo a una descentralización efectiva del Estado.
Los gremios fueron actores clave en la creación y consolidación del modelo de Enami, y también deben ser parte activa de su evolución. Después de 65 años de historia, es indispensable que la empresa se adapte a los estándares actuales para proyectarse con fuerza hacia el futuro. Negarse a esa actualización es desconocer los desafíos del presente y las exigencias que impone una minería más moderna, sostenible y conectada con los territorios. El nuevo gobierno corporativo responde precisamente a esta necesidad: incorpora recomendaciones de la OCDE, recoge las conclusiones de las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados —aprobadas por amplia mayoría—, y se alinea con las mejores prácticas de empresas públicas de fomento.
Hoy más que nunca, Chile necesita una Enami robusta, moderna y capaz de seguir siendo un motor de desarrollo para la pequeña y mediana minería. No se trata de cambiar su misión, sino de asegurar su viabilidad para las próximas décadas, fortaleciendo su capacidad de respuesta frente a los desafíos de un país que avanza hacia un desarrollo más justo, descentralizado y sostenible.
Este es un compromiso político y estratégico del Gobierno con la minería de menor escala. Con este conjunto de medidas, no solo reconocemos el valor productivo de la pequeña y mediana minería, sino que honramos el esfuerzo cotidiano de sus trabajadoras y trabajadores —hombres y mujeres que, con tenacidad y compromiso, sostienen la actividad minera a lo largo de vastas regiones del país. Su trabajo construye desarrollo local, fortalece la descentralización y encarna el Chile que queremos seguir impulsando—más justo, más integrado y con oportunidades para todos.
