El segundo informe anual del Estudio Longitudinal de la Región de Antofagasta (ELR-A) reveló avances en educación, salud y acceso a servicios básicos, pero también destacó preocupantes retrocesos en los ingresos laborales y un aumento de la pobreza.
El estudio, que fue desarrollado por el Centro de Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte (UCN) y la empresa SQM con sus filiales Litio y Nitrato, acaba de entregar los resultados de su segunda ronda de levantamiento de datos. El panel ha seguido durante dos años a 5.460 hogares y más de 13.500 personas, lo que permite observar trayectorias sociales con precisión comunal y un especial énfasis en campamentos.
En el ámbito de la salud, el ELR-A concluyó que el acceso se mantiene en niveles históricamente altos. Un 88,5% de quienes reportaron problemas de salud en los últimos tres meses recibieron atención médica, cifra comparable al mejor desempeño registrado en la encuesta nacional Casen. Además, el 77,9% de las personas en tratamiento contó con cobertura AUGE-GES, lo que representa un avance de siete puntos porcentuales respecto de 2023.
Además, de acuerdo a este estudio, el 92% de los hogares de la región disponen de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y alcantarillado. Si se excluyen los campamentos, esta cifra asciende a 95,2%, lo que demuestra que la infraestructura urbana ha resistido el fuerte crecimiento poblacional de la última década sin colapsos significativos.
Empleo
El panorama laboral es más complejo. Aunque la participación regional se sitúa en 58,6%, existen marcadas disparidades. Mientras Sierra Gorda y Ollagüe superan el 79% y 84% respectivamente, comunas como Tocopilla apenas alcanzan el 52%. La informalidad laboral se redujo levemente a 30,3%, pero en comunas como Mejillones, San Pedro de Atacama y Taltal supera el 40%, con alta prevalencia de trabajo por cuenta propia sin protección social.
Uno de los datos más preocupantes es el retroceso del empleo privado formal, que cayó casi diez puntos porcentuales. En paralelo, se incrementaron los emprendimientos unipersonales, lo que refuerza la urgencia de políticas de formalización laboral y apoyo a microempresas.
A pesar del enfriamiento económico, la tasa de desocupación se mantiene relativamente baja: un 5% a nivel general y 4,7% al excluir campamentos. Este nivel de desempleo, estable y equilibrado entre hombres y mujeres, ha funcionado como un colchón ante la incertidumbre macroeconómica. Sin embargo, un 44% de los hogares declara tener deudas que califica como “complicadas o medianamente complicadas”, una señal de alerta tras el ciclo inflacionario vivido entre 2022 y 2023.
Caída del ingreso laboral
La dimensión más crítica del informe está en los ingresos. El ingreso laboral nominal promedio cayó un 12,7% respecto al año anterior, mientras que en términos reales -considerando la inflación- el retroceso alcanza el 16,1%, ubicando los ingresos por debajo de los niveles prepandemia.
Este deterioro ha tenido efectos directos: más de un tercio de los hogares en Taltal y Ollagüe no logró cubrir sus gastos básicos el mes anterior. Además, la pobreza por ingresos aumentó de 7,4% a 12,2% al considerar campamentos. Los saltos más significativos se observan en Antofagasta ciudad, con un 14,1%, y en María Elena, con un 12,7%, reflejando un empobrecimiento vinculado a la pérdida de empleo formal y al debilitamiento del poder adquisitivo.
El estudio también ofrece una fotografía demográfica clave para la planificación futura. La región cuenta con 635.416 habitantes y un índice de envejecimiento de 49,3, lo que anticipa una presión creciente sobre los sistemas de pensiones y cuidados. Este fenómeno se ve parcialmente compensado por la inmigración: el 19% de la población nació fuera de Chile, cifra que baja a 14,9% sin considerar campamentos, pero que alcanza picos de 41% en Sierra Gorda y 31% en San Pedro de Atacama.
Otro dato relevante es la presencia de pueblos originarios: uno de cada cuatro habitantes de la precordillera se identifica como indígena, con máximos de 57 % en Ollagüe y 53 % en San Pedro. La confluencia de envejecimiento, migración y pueblos originarios plantea desafíos complejos en áreas como salud intercultural, validación de títulos profesionales extranjeros y diseño de pensiones que integren trayectorias laborales mixtas.
“El valor del ELR-A radica en su potencial transformador. Al entregar datos anuales por comuna sobre empleo, salud, educación, vivienda e ingresos, permite orientar políticas públicas con precisión quirúrgica. También facilita el seguimiento de iniciativas como los programas de reconversión laboral financiados con royalties mineros o los planes de urbanización en campamentos”, destacó Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN.
