El Ministerio Público formalizó a Lizza Aravena y Ángel González, dos altos funcionarios del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, como autores de fraude al fisco en grado consumado.
De acuerdo a El Mercurio de Antofagasta, la Fiscalía de Atacama indaga la participación de ambos funcionarios en el traspaso de $144 millones, que realizó el GORE mediante un convenio de interés regional, para un proyecto de esterilización de mascotas en Tocopilla, ejecutado por la Fundación Comprometidos.
Dicho convenio fue aprobado el 12 de octubre de 2022 por el Consejo Regional y consideraba la realización de dos mil cirugías y esterilizaciones. Sin embargo, en julio de 2023, tras estallar el caso Convenios, el diputado José Miguel Castro (RN), presentó una denuncia en Contraloría, que apuntaba a que el presidente de la fundación, Sebastián Duarte, era militante del PRO y cercano a la administración de Ricardo Díaz.
De esta forma, la Contraloría Regional realizó una auditoría que permitió determinar que en el caso de Comprometido, “los actos administrativos suscritos por el Gobierno Regional, y que autorizaron su otorgamiento, no fueron fundados y acreditados documentalmente”, según el medio antes citado.
Seguírían ejerciendo sus cargos
Aravena fue jefa de gabinete de Ricardo Díaz hasta este año y luego pasó a la unidad de formulación de proyectos, en tanto que González es jefe de la División de Desarrollo Social y Humano. Ambos son reconocidos militantes socialistas en la región.
De acuerdo al matutino, el GORE declinó emitir comentarios sobre la situación laboral y legal de ambos funcionarios, así que por lo pronto seguirán ejerciendo sus cargos.
La formalización empezó ayer en el Juzgado de Garantía de Copiapó y se espera que continúe hoy, con la revisión de las medidas cautelares.
