El caso ProCultura vuelve a tensionar el escenario judicial y político en Antofagasta. Esta vez, no por nuevas formalizaciones ni por resoluciones de tribunales, sino por una denuncia presentada contra el renunciado fiscal Eduardo Ríos Briones, quien encabezaba diligencias por encargo del fiscal regional Juan Castro Bekios.
Según reveló La Tercera el 20 de febrero, la defensa de uno de los imputados en la arista “Fachadas” ingresó un reclamo formal acusando graves irregularidades durante una declaración realizada en septiembre de 2025. El denunciante no es un actor menor: se trataría -según fuentes de este medio- de un funcionario del Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta, lo que añade un componente institucional al conflicto.
La acusación: manipulación de celular y mensaje sin consentimiento
De acuerdo con el relato expuesto por la defensa, el imputado aseguró que, si bien autorizó la revisión de su teléfono móvil durante la diligencia, nunca permitió que desde su dispositivo se enviara un mensaje de WhatsApp a uno de sus contactos.
En el correo remitido inicialmente al propio fiscal Ríos —y que luego fue reenviado al fiscal regional— el denunciante fue categórico: “Nunca autoricé el envío de mensajes de texto desde mi dispositivo móvil”, dejando constancia de que el hecho fue presenciado por terceros.
El abogado defensor calificó la situación como “gravísima” y solicitó que se iniciara el sumario correspondiente. La denuncia formal fue ingresada el jueves 19 de febrero ante los canales oficiales del Ministerio Público.
Además de la supuesta manipulación del celular, el funcionario del GORE acusó:
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Impedimento de ingresar acompañado de su abogado.
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Falta de claridad respecto de los hechos precisos por los que se le investigaba.
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Maltrato verbal durante la diligencia.
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Negativa a dejar constancia de los hechos en el acta de declaración.
Renuncia y posibles sumarios
El contexto es complejo. Días antes de que la defensa formalizara el reclamo, el fiscal Eduardo Ríos presentó su renuncia al Ministerio Público, la cual se hará efectiva a mediados de marzo. En paralelo, el propio persecutor había denunciado a su superior por maltrato laboral.
Sin embargo, fuentes del Ministerio Público indicaron —según consigna la publicación original — que, pese a su renuncia, Ríos aún podría ser objeto de un sumario administrativo, dado que los hechos denunciados ocurrieron mientras ejercía funciones.
Asimismo, a raíz de la denuncia presentada por Ríos contra el fiscal regional, deberá designarse un fiscal regional distinto para investigar internamente ese conflicto.
