La Contraloría detectó que el Gobierno Regional de Antofagasta (Gore) registra más de 4.200 millones de pesos pendientes de rendición por parte de organismos receptores, es decir, de asociaciones, clubes, agrupaciones o fundaciones que ejecutan proyectos con recursos públicos. La entidad fiscalizadora también identificó que, a la fecha de la auditoría, 4.856 millones de pesos figuraban como montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados por parte de organismos receptores. Y entre sus conclusiones también advirtió una observación altamente compleja, el uso de vehículos del Gore en días inhábiles sin justificación, hecho por el cual instruyó una investigación sumaria.
La revisión de la Contraloría Regional fue por los gastos ejecutados, el estado de las transferencias y el uso de recursos públicos por parte del Gore entre enero y septiembre del 2024, junto con un examen de cuentas de los gastos pagados y las transferencias otorgadas durante ese mismo año.
El informe, parte de una serie de auditorías a gobiernos regionales en todo el país, fue publicado ayer y constató $4.202.867.306 como saldo pendiente de rendir por los organismos receptores de recursos públicos al 30 de septiembre de 2024. “Situación que deja de manifiesto la falta de adopción de medidas por parte del Gore para requerir las rendiciones de fondos a las instituciones receptoras que datan de al menos el año 2021”, dice el documento.
La tabla de la auditoría precisó que por el año 2022 queda un 33% de recursos pendientes por rendir (más de 800 millones de pesos). Por el 2023 un 39% (más de 940 millones de pesos) y por el 2024 un 95%, más de 1.800 millones de pesos. Como ítem “año no indicado” figura un 15% pendiente (635 millones de pesos).
El Gore actualizó la información en noviembre del 2024, reconociendo que existen recursos pendientes de rendición, explicando que algunos proyectos aún se encuentran en ejecución. “En ese contexto, debido a que la entidad reconoce el hecho objetado, corresponde mantener la presente observación”, escribió la Contraloría.
MONTOS OBSERVADOS, A REINTEGRAR O RECHAZADOS
La auditoría también constató que, al 30 de septiembre del 2024, el Gore mantenía montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados a las entidades receptoras de recursos por $4.856.481.471, “sin que se adviertan gestiones para su regularización, dejando de manifiesto la falta de resguardo de los recursos públicos que entrega a instituciones privadas”.
El cálculo detallado señala que los montos observados, solicitados a reintegro o rechazados, para el año 2021 son 709 millones de pesos; para el 2022 llegan a 1.086 millones de pesos y para el 2023 son 2.405 millones de pesos. Como ítem “año no indicado” aparecen 655 millones de pesos.
Aunque el Gore entregó explicaciones técnicas sobre esta materia, como proyectos de los que faltaba información sobre la procedencia de los gastos y el análisis técnico para dar aceptación a los recursos rendidos y el acompañó comprobantes de ingreso que acreditan el reintegro de saldos, “la entidad reconoce que se encuentra en vías de regularización de lo observado, se mantiene la presente observación”, concluyó la auditoría.
CONTRATO DE HONORARIO PARA LABORES HABITUALES
El informe reveló que por medio de un contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito entre el 11 de junio y el 31 de diciembre de 2024, el Gore solicitó funciones correspondientes a labores habituales y propias de la gestión de esa entidad, vulnerando con ello lo dispuesto en un dictamen del 2022. El Gobierno Regional respondió que el funcionario en cuestión ya no presta servicios y que se contrató para desarrollar funciones en la unidad de jurídica y así ayudar a gestionar el incremento de solicitudes de transparencia. “En virtud de lo expuesto, cabe reiterar que las labores acordadas en el contrato a honorarios suscrito entre el Gore y el prestador de servicios en comento, no se ajustan a la definición detallada en la jurisprudencia antes citada, por tanto, los argumentos vertidos por la entidad no resultan atendibles, debiendo mantener la presente observación”, se lee en el documento.
OBSERVACIÓN ALTAMENTE COMPLEJA
Como una observación altamente compleja se advirtió que, de la revisión de las bitácoras, tres vehículos fiscales fueron utilizados en días inhábiles, incluyendo sábados por la tarde, sin encontrarse debidamente autorizados. “Considerando la falta de autorización para la circulación de los mencionados vehículos, esta Entidad de Control instruirá una investigación sumaria, con la finalidad de indagar una posible contravención a las disposiciones que regulan el uso y circulación de vehículos estatales”, comunicó en la auditoría.
En el mismo sentido, expuso que encontraron una omisión en la revisión periódica por parte de la jefatura a cargo de las bitácoras de los cinco vehículos fiscales, por lo cual el Gore tendrá que realizar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
Sobre la observación, el Gobierno Regional replicó que, a partir de diciembre del año pasado, solo un vehículo quedará disponible para transitar los días de fin de semana y festivos, debiendo solicitar a la Delegación Presidencial Regional, a través de oficio, la emisión de la resolución que autoriza su circulación. “Al respecto, considerando que la entidad no se pronunció respecto de los casos observados y que la situación expuesta corresponde un hecho consolidado, por lo que la acción que menciona la entidad solo tendrá efectos futuros, se mantiene la presente observación”, agregó la Contraloría.
USO DE INSTAGRAM
La auditoría también se refirió al uso de la cuenta de Instagram “GOREANTOFAGASTA” durante septiembre del 2024, época en la que se difundieron diversas actividades realizadas en la comuna, “cuyos avisos incluían en forma reiterada la imagen y el nombre del gobernador regional”, situación que no se condice con lo señalado por la Contraloría General a través de un oficio de ese mismo año. Frente a ello, el organismo de control instruyó que en lo sucesivo, el Gore deberá velar por que la autoridad se abstenga de incurrir en esa práctica, ya que implica una vulneración a las normas referidas al empleo de recursos públicos, en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.
En este punto, el Gobierno Regional respondió que las publicaciones tienen como propósito informar acciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones propias del cargo. Por tanto, aseguró que no es posible separar las actividades informadas en la aludida red social con la figura del Gobernador, adjuntando imágenes de otras publicaciones, en los mismos términos objetados.
“Sobre los argumentos de esa repartición pública, cabe señalar que, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Fiscalización ha señalado que es la entidad como institución, quien presta los servicios que se anuncian en cumplimiento de sus funciones, y no las autoridades en forma independiente. A su vez, la circunstancia que en las actividades de publicidad o de difusión se haga uso del nombre de esas autoridades en un contexto que permita atribuirles a ellas la ejecución de determinadas obras o tareas que son propias de la entidad, de manera que no corresponde que la divulgación o promoción incluya imágenes o frases alusivas a aquellas, salvo que, de su tenor, aparezca que se encuentran vinculadas, estrictamente, con la necesidad de informar actividades comprendidas dentro de los fines institucionales”, explicó la Contraloría.
