Chile avanza en una transformación energética que permitirá trasladar la energía renovable generada en el norte hacia los principales centros de consumo del país. En ese marco, el proyecto Conexión Kimal – Lo Aguirre considera la construcción de una línea de transmisión en corriente continua (HVDC) de ±600 kV y más de 1.300 kilómetros de longitud, que conectará las regiones de Antofagasta y Metropolitana, atravesando cinco regiones y 28 comunas, incluidas varias de la Región de Valparaíso. Su objetivo es fortalecer la red eléctrica nacional y facilitar una mayor integración de energías renovables al sistema.
El proyecto ha integrado desde su inicio procesos de evaluación ambiental, participación ciudadana anticipada y diálogo permanente con las comunidades. A través de diversos encuentros en terreno con organizaciones sociales y grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, reuniones informativas con municipios y mecanismos formales, ha promovido una comunicación transparente, trazable y verificable con vecinos y autoridades. Este trabajo sostenido, que ha alcanzado a casi 8 mil personas, busca construir una infraestructura energética desde la presencia, la escucha activa y el vínculo territorial.
Sistema de quejas y requerimientos
Es una herramienta formal que permite a cualquier persona presentar consultas o reclamos asegurando que todas las inquietudes sean registradas, analizadas y respondidas en el tiempo establecido, definiendo un cierre documentado de cada caso.
· Garantiza el acceso a la información para asegurar que todas las personas, comunidades y grupos interesados puedan conocer de forma clara, oportuna y comprensible los aspectos relevantes del proyecto.
· Reduce la asimetría de información, fortaleciendo la transparencia y respeto hacia las comunidades.
· Constituye una herramienta esencial en materia de derechos humanos, al facilitar la identificación, prevención y gestión temprana de posibles impactos sobre las personas además de transformar los reclamos en oportunidades de mejora.
· Cumple con los estándares internacionales de participación y debida diligencia —como los Principios de Desempeño de la IFC, los Estándares de Sostenibilidad del Banco Mundial y el Acuerdo de Escazú—, siendo además un compromiso del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
