Mediante un cruce de información proveniente de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) acerca de la emisión de los Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL) de funcionarios públicos o trabajadores que prestan servicios a un ente público y las entradas y salidas del país registradas por la PDI de los mismos, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un Consolidado de Información Circularizada con cifras concluyentes: más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre el 2023 y el 2024, 69% de ellos afiliados a Fonasa y un 31% a Isapres, las salidas y regresos se concentraron entre los meses de septiembre a diciembre. Días después, la misma CGR ordenó a 788 entidades instruir sumarios para perseguir las responsabilidades administrativas, así como remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para perseguir eventuales responsabilidades patrimoniales y penales respectivamente.
Luego de conocerse las cifras hubo reacciones de otros órganos no sujetos a la Fiscalización de la CGR, que adoptaron la correcta decisión de auditar su situación interna. Así el Poder Judicial se encuentra revisando información hasta cinco años atrás. El Congreso y el Ministerio Público también dispusieron revisiones. Por su parte la propia CGR anunció que ha extendido su examen a CAPREDENA y DIPRECA.
Habrá que esperar el resultado de estas pesquisas, pero es razonable vislumbrar que habrá más casos y que pueden resultar aún más decepcionantes. De allí que corresponda preguntarse si lo relevante son las alarmantes cifras que hemos conocido o el reproche a la conducta. Para nosotros, como abogados de cumplimiento, sin desconocer la relevancia del impacto económico que representan estos hallazgos, resulta esencial que exista un reproche concreto y efectivo, que se traduzca en sanciones, pues debe existir una real voluntad y determinación de romper con una verdadera cultura de impunidad en esta materia.
Primero, porque ante una revelación como ésta , debemos sincerarnos y reconocer que “voy a tirar una licencia” o “tiraron una licencia” eran expresiones frecuentes, que se fueron consolidando como un hábito, esto es, “un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”. De esta forma, “tirar licencia” resulta ser una práctica generalizada, que afecta tanto a la administración pública, como a la empresa privada. De hecho, se estima que anualmente se emiten aproximadamente 200 mil licencias fraudulentas. Salvo casos excepcionales, cuando se realizaron esfuerzos de persecución, siempre se apuntó a los grandes emisores de licencias, y excepcionalmente, “al paciente” (más bien cliente) que requería de la misma.
En consecuencia, no parece genuino el escándalo que se produce a nivel de autoridades por una práctica que se conocía y era -por acción u omisión- tolerada. Hoy sólo conocemos algunos datos asociados a estos hechos y que afectan a funcionarios públicos, toda vez que la CGR tiene la potestad de requerir información y a partir de ello, cruzar bases de datos, hacer análisis y entregar conclusiones con un nivel de certeza aceptable. La empresa privada, en cambio, sólo puede manejar cifras de ausentismo, pero no está habilitada para recabar información como lo hizo el ente Contralor, pues carece de potestades que le permitan, por ejemplo, que la PDI informe acerca de salidas o entradas del país de sus trabajadores que presentaron licencia médica o que el SII pueda informar si trabajadores con reposo están o no emitiendo boletas de honorarios, etc.
En segundo término conviene precisar que “se tiran licencias” no sólo para viajar al extranjero de vacaciones o alargar estancias en el exterior para fines personales o académicos (como ha quedado ahora de manifiesto), sino que es una forma habitual de obtener “permisos” sin la voluntad del empleador o del Servicio.
En tercer lugar, se obtienen y “tiran licencias” para enervar inasistencias injustificadas que pueden configurar una causal específica de despido contenida en el Código del Trabajo.
En cuarto lugar, también son frecuentes los casos en que se presentan y “tiran licencias” para extender artificialmente relaciones laborales (evitando que se invoque una causal de despido generalmente aplicada) y hasta para obtener, en algunas ocasiones, el cumplimiento de plazos para reclamar un año de servicio adicional (indemnización) antes que expire el vínculo laboral.
Sin pretender cerrar el catálogo de casos que se pueden exponer, en quinto lugar, también se utiliza este mecanismo de “tirar licencias” para acusar (a veces falsamente) y construir un presunto caso de acoso laboral; o bien como un mecanismo de “protesta”, como aconteció en el CESFAM de la localidad de Pemuco.
Si se va a decir la verdad al respecto, digámoslo. Esta forma de “solucionar” contingencias que se presentan y sin más “tirar una licencia” sin ningún tipo de cuestionamiento, es lo que ha horadado la confianza que todos deberíamos tener en una certificación de un facultativo que indica que una persona debe cumplir reposo y ausentarse en su trabajo. Y este punto, excede con creces lo jurídico, pues se trata de un comportamiento ético. Hoy pareciera que da lo mismo quien emite esa licencia, quien la paga o si el sistema colapsa económicamente por personas que no ven ningún reproche en ese actuar. Interesa lisa y llanamente contar con el permiso para atender los asuntos personales, justificar una inasistencia indebida, extender una relación laboral, sacar un año de servicio más, evitar mirar a la cara o simplemente cumplir con los deberes, y para eso “tiramos la licencia”.
Puede que suene brutal, pero si nos dedicamos a engañarnos y no ver el verdadero problema cultural, simplemente este escándalo e indignación será en vano y seguirán pagando los justos por los pecadores. Esta crisis debe obligar un debate honesto sobre la cultura de “tirar licencias”, descansos, vacaciones, permisos, controles a emisores de licencias, etc., que es oportuno y necesario, porque estamos llegando a la debacle de la confianza en las personas. No podemos cruzar ese umbral, pues en ese punto, quizás sin retorno, sólo nos quedará citar la frase de Nietzsche: “No es que hayas mentido, es que ya no puedo creer en ti”.
El pasado 24 de mayo, se promulgó la Ley N°21.746, que tiene por objetivo fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y constituye un avance para establecer mayor control en relación con el uso de licencias falsas y enfrentar el impacto que ello representa tanto en el sector público y la calidad del servicio, como en el sector privado y la productividad de las diferentes industrias. Pero no constituye de ninguna manera la solución para desarraigar una cultura de malas prácticas que subyacen en el fondo de algunos actos, ni menos constituye la forma de reconstruir las instituciones a partir de las frágiles confianzas que aún quedan.
