Tras un nuevo operativo de desarme de rucos en el sector Cerro El Ancla, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, planteó la necesidad de reabrir el debate sobre la reposición de la ley contra la vagancia, argumentando que las herramientas actuales resultan insuficientes para enfrentar el fenómeno de personas que viven en espacios públicos de la comuna.
“Necesitamos que la ley de vagancia sea repuesta”, afirmó la autoridad comunal en conversación con LUN, agregando que “necesitamos que los parlamentarios también nos apoyen, que hagan su trabajo”.
El alcalde sostuvo que la discusión debe darse a nivel país, aunque precisó que “nadie está pensando en criminalizar la pobreza”.
Perfil de quienes viven en la calle
Razmilic también abordó la composición de las personas en situación de calle en la comuna, descartando que se trate mayoritariamente de población migrante.
“La gran mayoría de quienes viven en las calles de su comuna no son migrantes, sino que son en un ‘80% hombres chilenos’”, señaló.
Según explicó, “muchos de ellos vienen de diferentes partes de Chile. En algún momento vinieron a probar suerte en la minería o en algo parecido. Pero se les acabó la plata y se fueron a la playa u otros lados”.
Adicciones y convivencia
En su diagnóstico, el alcalde vinculó la situación con consumo problemático de drogas y alcohol.
“No tiene que ver con pobreza, sino con adicciones y opciones de vida de algunas personas. Hay una necesidad de rehabilitación, esto no es solo una cuestión punitiva”, sostuvo.
Asimismo, indicó que desde el municipio están “pidiendo que haya algún tipo de penalidad, ojalá que pueda ser trabajo comunitario para disuadir esta actitud. No estamos pidiendo que se vaya a la cárcel por dormir en la calle, nadie está hablando de eso. Pero sí que haya una retribución a la comunidad, por el uso de un espacio que es de todos y que hoy lo toman como si fuese de nadie”.
Respecto a las dinámicas que se generan en estos asentamientos, añadió: “No son mendigos, sino que se dedican a estacionar y a lavar autos. En las noches duermen en los parques, consumen alcohol desde la mañana hasta la tarde, fuman marihuana o pasta base, hacen sus necesidades en todas partes. Esto atenta contra el resto de los vecinos que se ven expuestos a que sus parques tengan fecas, colchones y restos de comida. Son muy sucios. El dormir, cocinar, hacer sus necesidades en la plaza no tiene ningún tipo de penalización”.
En materia de seguridad pública, afirmó que “estas personas aparte están en situaciones de adicción. Y la pasta base es dura, entonces cuando baja la angustia empiezan a asaltar a personas que andan en bicicleta, que están haciendo deporte. No tenemos la capacidad de vigilar 30 kilómetros de costa. A veces entre ellos se pelean y se queman los rucos unos a otros. Es una cuestión no solamente de aseo y ornato e incivilidades, sino que también de seguridad pública”.
Costos municipales
El jefe comunal detalló además el impacto financiero que implican los operativos de desalojo. “La estimación entre maquinaria y personal es entre 20 y 25.000.000 de pesos. Ese presupuesto es íntegramente municipal. Acá no hay recursos ni de la delegación presidencial, ni del gobierno regional. Y puedo asegurar que en una semana más van a estar instalados de nuevo”, indicó.
Consultado por la posibilidad de redestinar recursos si el presupuesto se agota, respondió: “Cuando se acaba la plata ¿qué dejas de hacer por seguir quemando recursos sin destino en esto? ¿Vas a dejar de regar el pasto? ¿Vas a dejar de mantener los semáforos? ¿Vas a dejar de entregar remedios en los Cesfam? No puedes. Es muy doloroso que la plata se vaya así”.
Llamado al Congreso
Finalmente, Razmilic emplazó a los legisladores a involucrarse en el debate.
“Muchas veces los mismos parlamentarios por la prensa nos atacan o nos exigen soluciones respecto de esto, entonces es hora de involucrarlos también. Hay que hacer el trabajo colaborativo de todas maneras. Todo Chile tiene este problema”, concluyó.
