Yeimar Gabriela Ereu Ramos fue descubierta con $781 millones de pesos en su cuenta bancaria, pese a que su negocio era una pequeña peluquería en calle Condell, pleno centro de Antofagasta. Lo que ocultaba era lo que ocurría en el segundo piso del inmueble, lugar que ocupaba para la explotación sexual de mujeres.
Para el Ministerio Público, Yeimar era pieza clave de una red dedicada principalmente a la trata de personas. En total, eran cuatro clanes familiares, entre ellos el encabezado por “Gaby”, que conformaban la asociación.
Según la información recopilada por la unidad de Reportajes de Biobio.cl, en base a los antecedentes de la causa judicial, todos los clanes eran liderados por mujeres y operaron al menos seis locales en nuestra ciudad, moviendo $3.500 millones en cuatro años y sometiendo a decenas de jóvenes.
Agentes encubiertos fueron clave
Fue el 14 de agosto recién pasado que personal de la PDI -ya con todas las pruebas en su poder- irrumpieron en los 6 locales que registraba la organización criminal en Antofagasta, encontrando en ellas a 18 mujeres víctimas de esta red.
El modus operandi para someterlas iba desde cobros excesivos por usar una cocina, hasta amenazas de muerte a familiares en el extranjero.
Según consta en el expediente judicial, de los seis inmuebles allanados, la mitad pertenecía al clan Grillo-Ubillo, liderado por Luz Miriam Grillo Enao, más conocida como Dayana.
Ella recibía personalmente a los clientes y les presentaba a las mujeres en su antro de Eduardo Orchard 1226, según pudieron comprobar agentes encubiertos de la PDI. Además, manejaba el Café Dayana, en el subterráneo del Centro Comercial Caracol de Prat, y un recinto de calle Adamson 3531, llamado la Casa Rosada.
Los testimonios de las víctimas
Una de las mujeres que estuvo allí contó a la policía que clientes la amenazaron dos veces con armas de fuego: una por no querer consumir pasta base, la otra por no querer hacer un trío.
—Esta chica la captaron cuando tenía entre 16 y 17 años —contó la fiscal Claudia Vega en la audiencia de formalización—. Ella asegura que vivían todas bajo amenazas. Debían estar activas las 24 horas.
Al igual que otras líderes, Dayana aplicaba a las víctimas “multas” —deudas por el costo del viaje, cuyo monto en realidad los tratantes fijan a su antojo—. En su caso, les hacía pagar $5 millones por el traslado desde sus países.
Según consigna el citado medio de comunicación, la fiscalía también llegó a la conclusión de que Dayana explotó en uno de sus prostíbulos a una venezolana embarazada, quien probablemente era menor de edad.
Virginidad vendida
Alexandra era menor de edad y virgen cuando llegó desde Venezuela. Según contó la víctima en su declaración policial, había sido engañada por una compañera que viajó con ella: no le advirtió que al llegar a Antofagasta debía dedicarse a la prostitución. Fue la mujer que las recibió quien le dio la noticia.
—Ella sacó a las otras y me explicó que mi trabajo era acostarme con hombres a cambio de dinero, que tenía que hacerlo para pagarle los 6 millones de pesos por todo lo que implicó mi traslado —narró.
—Pasados unos días, la mujer me pregunta si es que estaba lista. Le respondí que quería salir rápido de la deuda. Entonces, me dice que debía atender a un cliente moreno, alto, de nacionalidad haitiana.
A la mañana siguiente apareció el hombre:
—Antes de todo, le comenté que yo era nueva en esto y que no sabía nada. Él dijo que estaba al tanto. Posteriormente, ella me comentó que el sujeto haitiano había pagado por mí 2 millones de pesos.
Una compañera asesinada
Alexandra también narró a la policía que una de sus compañeras fue asesinada luego que intentara escapar de dicha red de explotación sexual.
Según contó, en uno de estos últimos establecimientos, una noche, una muchacha venezolana, que le decían la Niña, entró a su habitación.
—Me dijo que se quería arrancar. Que no tenía el dinero para pagar la multa, que aun así quería irse. Esa misma noche, la Niña se fue como me lo había comentado y a mí trasladaron a otra casa.
Se trataba de un local de calle Riquelme —junto a la avenida Argentina y a cinco cuadras de la plaza—, donde operaba por entonces el Clan Luna, de acuerdo con fiscalía.
—Un día me despertaron unos mensajes que me habían llegado al teléfono que me habían entregado para trabajar, en donde se veía la mujer que le decían la Niña siendo asesinada en un lugar desértico —aseveró Alexandra.
Todo fue una amenaza para advertirle a ella y sus compañeras lo que pasaría si intentaban fugarse.
Un puesto falso de niñera
La segunda víctima, Daniela, afirmó que Katy le ofreció un puesto como recepcionista en un hotel de Antofagasta. Aunque no conocía la ciudad, los $800 mil que recibiría quincenalmente y la posibilidad de devolver el dinero del pasaje en cuotas la convenció.
El día de la partida, cuando estaba en el terminal de Bogotá, recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer, que le pidió que se acercara a una zona de la estación. Estaba acompañada de otras cuatro víctimas más, según detalló Daniela.
—En el viaje conversé con estas mujeres y todas venían con la misma historia. La única diferencia era que decían que una de nosotras iba a ser la elegida como cuidadora del hijo de Katy en Chile.
Al llegar, Katy les dijo que se habían demorado demasiado, que la posición ya estaba ocupada. Por eso, el único trabajo que podían ejercer en el hotel era la prostitución.
Sorprendidas, tres se negaron.
Primero, Katy intentó convencerlas por las buenas. Que al hombre chileno le gustaban las colombianas, pagaban bien.
Como no logró persuadirlas, pasó a las malas. Les dijo que no había vuelta atrás, que debían devolver el dinero porque había un financista llamado William que era el que había pagado. Que él tenía las direcciones de sus familias en Colombia y con sus familias se las cobraría.
La detención
Al menos seis víctimas habían denunciado previamente y otras 18 fueron rescatadas en el operativo del 14 de agosto, en el que se detuvo a 22 personas. De las líderes, Dayana fue la única que no pudo ser capturada —se sospecha que se encuentra en Colombia—.
Los imputados fueron formalizados por trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos y asociación criminal. La jueza de Garantía concedió la prisión preventiva para 21 de los imputados.
El Juzgado de Garantía fijó el plazo de investigación en 100 días.
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