La dirigente regional del Colegio de Profesores y Profesoras de Antofagasta, Alejandra Méndez, manifestó que las medidas propuestas por el gobierno para mejorar la seguridad en los establecimientos educacionales son “un poco violentas para convertir nuestras escuelas en espacios menos democráticos y mucho más carcelarios.
Méndez criticó lo que se ha informado de los dos proyectos de ley que firmó ayer el presidente José Antonio Kast. Con una de las iniciativas, el jefe de Estado pretende que cometer delitos en un establecimiento se considere una agravante penal, mientras que con “Escuelas Protegidas”, quiere instaurar una serie de medidas directamente en los recintos. En estos puntos proponen la revisión de las mochilas, que los docentes recuperen la autoridad en el aula y que la interrupción de clases sea una falta grave a la convivencia. También que condenados por atentar contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas y contra la propiedad o la infraestructura pública queden inhabilitados para la gratuidad universitaria y que los reglamentos escolares prohíban prendas que impidan la identificación, como el uso de capuchas.
“Frente a un montón de medidas preventivas y punitivas también, la pregunta es ¿con cuántos recursos vamos a contar? (…) Es bastante contradictorio por parte de este gobierno que se hable y se den medidas desde arriba, sin conocer los territorios ni las comunidades educativas, además, apelando tanto al recorte presupuestario”, emplazó la dirigente.
- ¿Qué opinión tienen de proyecto de ley Escuelas Protegidas que anunció el gobierno?
Me parece que no están encausando efectivamente las respuestas hacia las comunidades educativas y los problemas de convivencia que existen, que sabemos que es un factor y un síntoma social. En el fondo simplemente se están utilizando medidas, no voy a decir paliativas, sino que en realidad un poco violentas para convertir nuestras escuelas en espacios menos democráticos y mucho más carcelarios. Por lo que he revisado, porque recién llego de la escuela, siento que no están apuntando al problema de fondo, sino que están tratando de lidiar desde la represión y la violencia, como ha ocurrido en el último tiempo con varias medidas que este gobierno ha asumido desde la carga simbólica e ideológica.
- Entre lo que se conoce hasta el momento hay medidas como la revisión mochilas, que los reglamentos prohíban el uso de prendas que impidan la identificación y que sea un agravante penal cometer delitos en establecimientos educacionales.
Me parece que las medidas están desconociendo completamente el trabajo territorial y la realidad educativa de nuestras salas de clase. Cuando se conciben políticas de esa envergadura es porque se desconoce el territorio donde trabajamos. Desde mi labor como docente de aula puedo decir que la revisión, por ejemplo, de mochilas no necesariamente va a garantizar que no exista violencia. Respecto al tema de “recuperar la autoridad”, como si la autoridad fuera algo ontológico de los profesores, me parece que hay que concebir qué tipo de autoridad está pensando este gobierno. Que una falta grave a la convivencia sea interrumpir en una sala de clases es un poco irrisorio, porque hay que estar con 35 estudiantes sabiendo que las realidades de donde provienen son distintas y el interrumpir no necesariamente es una falta de respeto.
Sobre que los condenados por delitos que no puedan acceder (a la gratuidad universitaria), creo que es una política de este gobierno que mientras menos personas accedan a la educación, mejor, porque ya la educación no se está concibiendo como un derecho, sino como un privilegio de aquellos que al parecer tienen que ser tan probos como, lamentablemente, muchos de los personeros de gobierno no lo son. Además, en los reglamentos internos hay un montón de cosas que son de Perogrullo, como la utilización de capuchas o accesorios. Hay reglamentos internos de las escuelas que existen hace mucho tiempo, pero me preocupa particularmente esta generación de la autonomía de las escuelas. Nosotros, para quienes no lo saben, no tenemos escuelas realmente democráticas, no hay un ejercicio democrático. Entonces cuando se le da tanta autonomía sin tener direcciones claras y que realmente vayan a la enjundia de los problemas, para mí es muy complejo, porque estamos como intentando tapar el sol con un dedo.
Creo que la circunstancia agravante de responsabilidad penal la estudiaría un poco más. Esta es la información que tengo, pero para nada apuntan a una mejora sustancial del sistema. Y respecto al reordenamiento de denuncias en materia de convivencia escolar, ¿cómo se hace la resolución temprana si no es con recursos? Frente a un montón de medidas preventivas y punitivas también, la pregunta es ¿con cuántos recursos vamos a contar? En Antofagasta sólo dos establecimientos de la ciudad están reconocidos para que nos den un bono de asignación por estudiantes prioritarios. Es bastante contradictorio por parte de este gobierno que se hable y se den medidas desde arriba, sin conocer los territorios ni las comunidades educativas, además, apelando tanto al recorte presupuestario.
- ¿Cuál sería el camino correcto para comenzar a trabajar en las escuelas?
Lo primero es no recortar recursos y lo segundo es que las medidas tienen que emanar de las comunidades educativas en su conjunto, por eso hacía tanto énfasis respecto a comunidades escolares que no son realmente democráticas, porque no se resuelven un montón de conflictos, los conflictos son particulares. En términos generales, es un gobierno que cuando habla de recortes habla de recortes de derechos. Entender la educación como un derecho implica que los recursos estén y lo digo como trabajadora de la educación pública, donde nos faltan un montón de cosas, donde el aparataje burocrático es cada vez como más lento, donde tenemos que solicitar cosas si es que llegan al próximo año.
Donde trabajo mi sala no está pintada, muchos de los vecinos arrojan basura en las esquinas. La pregunta es ¿qué cosa se tiene que hacer? Primero, inyectar recursos en la educación. Segundo, generar espacios realmente democráticos desde las escuelas. Y tercero, que realmente como comunidad exista hoy un tema de trabajo prioritario en la salud mental. La salud mental implica una serie de cosas, porque los estudiantes muchas veces que consumen es porque tienen una salud mental deteriorada. Apuntemos hacia la salud mental, hacia la inyección de recursos en la educación pública y ojalá que cuidemos también el lenguaje comunicacional cuando se está hablando, demonizando o haciendo un circo mediático respecto a situaciones trágicas. Eso lo establecería como norma para comenzar a dar las primeras líneas de trabajo que se enfoquen en que estas comunidades son reflejo de una sociedad que está dañada y que lamentablemente hoy va en desmedro de sus propios derechos.
