Tras 6 años de tramitación en el Congreso, y una fuerte convicción de nuestro Gobierno de impulsar el proceso de modernización del sistema registral y notarial, con énfasis en el fortalecimiento de la transparencia, optimizar la fiscalización, y elevar la calidad del servicio a los usuarios, se despachó a ley este importante proyecto de Reforma al Sistema Notarial y Registral.
Durante la tramitación del proyecto, el trabajo legislativo contó con la participación de profesionales del área legal, notarial y registral; expertos en economía, académicos y representantes de la sociedad civil. De forma tal, que esta reforma es fruto de acuerdos para crear un marco legal en beneficio de nuestra ciudadanía, que impulse la confianza en las instituciones.
Entre los principales ejes de esta reforma, se establece un sistema de nombramiento transparente de notarios, conservadores y archiveros, cuyo proceso estará radicado en el Servicio Civil, con las correspondientes etapas de convocatoria, evaluación y elaboración de la propuesta de candidatos seleccionados. Este primer eje, busca terminar con las barreras de acceso que tradicionalmente ha incorporado en estos cargos a personas ligadas a los circuitos judiciales.
Se establecen nuevas inhabilidades e incompatibilidades en los cargos y prohibiciones de contratación por vínculos familiares. Entre las necesidades estructurales de modernización de la normativa al respecto, no podemos soslayar la crítica al actual sistema sobre la designación que correspondía al Poder Judicial, por lo que esta reforma en este punto se hace cargo de aquello. Se incorporan además otras importantes modificaciones; se establece un régimen de fiscalización más idóneo y eficiente, basado en procesos disciplinarios a cargo de fiscales judiciales de las respectivas Cortes.
Entre otras medidas de supervigilancia, se reconocen competencias al Servicio Nacional del Consumidor para ejercer sus potestades en estos ámbitos, el cual deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de dicha ley, del Código Orgánico de Tribunales u otras leyes especiales que digan relación con la calidad del servicio prestado y la protección a los derechos de los consumidores.
Luego, se incorpora la posibilidad de creación de nuevos oficios de notarios, conservadores y archiveros, basado en requisitos técnicos obligatorios (las necesidades económicas de la zona, la calidad del servicio y el acceso de la población a estos oficios) que deberán ser considerados en los informes emanados del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para determinar sobre la pertinencia de su la creación.
En cuanto a la prestación del servicio, se ha dispuesto en esta reforma que la generación de aranceles se basará en aspectos técnicos y objetivos, estableciendo precios máximos, mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía. Asimismo, la nueva legislación establece estándares de infraestructura y equipamiento tecnológico para la transmisión, comunicación y recepción de documentación digital, ofreciendo acceso remoto y gratuito a sus registros, para la consulta de la información y documentos contenidos en sus registros digitales, y otras medidas en el plano de la comunicación digital.
Sin duda celebramos este avance de nuestro Gobierno, que busca dotar a esta importante actividad de mayor transparencia, probidad, y certeza para los usuarios. Hemos tenido en vista la magnitud de la actividad de notarías, conservadores y archiveros como un elemento para el desarrollo de nuestra economía en diversos ámbitos, particularmente respecto a la circulación de bienes y servicios en nuestra región. Avanzaremos en nuestra agenda legislativa del sector Justicia y Derechos Humanos hasta el último día de nuestro mandato, tal como nos encomendó el Presidente Gabriel Boric Font en su última Cuenta Pública.
