Los senadores Pedro Araya (PPD) y Paulina Núñez (RN), ambos representantes de la región de Antofagasta, figuran entre los cinco impulsores de un controvertido proyecto de ley que busca tipificar y sancionar con penas de cárcel la difusión de antecedentes que surgen de una investigación penal declarada como reservada.
La “moción de protección de antecedentes en proceso penal”, que el pasado lunes estuvo cerca de pasar a sala tras la agilización de la Comisión de Constitución del Senado, ya ha sido calificada como un intento de Ley Mordaza 2.0, por el proyecto que en 2016 intentó penalizar, además del funcionario público que vulnerara la reserva de un caso, a quienes publicaran estos antecedentes.
Esto porque, según La Tercera, la iniciativa señala que “el que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo”.
“Al no detallar quién es “el que”, se subentiende que no está hablando en particular de un funcionario público y, entonces, el que arriesga el castigo penal puede ser un ciudadano común que ejerce labores de reporteo o también un profesional de la prensa, ya que no lo especifica”, advierte el medio.
Sanciones bajas para periodistas
Araya ejerció su derecho a réplica y respondió las críticas, asegurando que el proyecto no busca entorpecer el trabajo periodístico. “Descarto que esta sea una Ley Mordaza 2.0. Esta es una ley que busca hacerse cargo de un problema que hoy tiene el sistema de persecución penal, que son las filtraciones”, señaló el senador.
“Acá se pretende regular ciertas situaciones que hoy día tienen un marco difuso de regulación en materia procesal penal, producto de que a la época en que se dictó el código las tecnologías actuales de comunicaciones no existían, y así distinguir aquellas cosas que son de la vida privada de una persona y que se mantengan en ese ámbito, y que sólo sean conocidas aquellas cosas que tengan interés en la investigación penal”, añadió.
Lo que sí, el congresista admitió que los periodistas sí podrían ser sancionados en caso de que se apruebe la moción, como ya ocurre por difusión de investigaciones ligadas al crimen organizado, aunque con penas más bajas que funcionarios públicos.
“La mayor pena está dada para los funcionarios públicos y, eventualmente, los periodistas o un particular podrían ser sancionados con una multa”, acotó.
