El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta resolvió acoger el requerimiento de remoción presentado por 6 concejales de la comuna en contra del exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez, dictaminando que este incurrió en notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa. La sentencia implica la inhabilidad del edil para ejercer cualquier cargo público durante 5 años.
La resolución judicial, de más de 150 páginas, acoge los argumentos expuestos por los concejales Luis Aguilera, Camilo Kong, Waldo Valderrama, Ignacio Pozo, Norma Leiva y Karina Guzmán, quienes formularon un total de 15 cargos contra la exautoridad comunal. Entre los hechos más relevantes se incluyen:
– Irregularidades en la gestión del exvertedero “La Chimba”, cuya falta de cierre y remediación ambiental generó sentencias adversas de la Corte Suprema y múltiples sumarios sanitarios.
– Contrataciones vía trato directo sin fundamentación adecuada, como los contratos con Demarco S.A. para recolección de basura y barrido de calles, donde además no se cobraron multas por infracciones detectadas.
Uso indebido de abogados municipales en defensa de causas personales del alcalde.
– Manejo irregular de inmuebles municipales, incluyendo la ocupación sin contrato vigente por parte de locales comerciales y la cadena McDonald’s en concesiones marítimas.
– Presiones indebidas reveladas por filtraciones de WhatsApp, donde se instruyen “favores personales” y se evidencia la delegación informal de funciones directivas a funcionarios de confianza.
La sentencia también toma en cuenta la sanción del Consejo para la Transparencia contra Velásquez por incumplimiento reiterado de solicitudes de acceso a la información pública, lo que motivó incluso una multa del 40% de su remuneración.
En su defensa, el alcalde negó todos los cargos, atribuyendo parte de los problemas a la herencia de administraciones anteriores y a las dificultades burocráticas propias de la gestión pública. Sin embargo, el tribunal concluyó que los antecedentes presentados y los informes de organismos como la Contraloría, la Superintendencia del Medio Ambiente y diversas sentencias judiciales sustentan la decisión.
