Lizza Aravena, actual funcionaria de la unidad de formulación de proyectos del Gobierno Regional de Antofagasta y exjefa de gabinete del gobernador Ricardo Díaz, quedó sin medidas cautelares tras ser formalizada por la Fiscalía de Atacama por el delito de fraude al fisco.
Esto, según su defensa, porque el Juzgado de Garantía de Copiapó consideró que no había comisión de delito. El otro funcionario imputado, Ángel González, quien se desempeña como jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, tampoco quedó sujeto a medidas cautelares y el tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días.
Cabe señalar que el Ministerio Público indaga la participación de ambos funcionarios en el traspaso de $144 millones desde el Gobierno Regional -aprobados por el Consejo Regional- a la Fundación Comprometidos, para la ejecución de un proyecto esterilizaciones de animales en Tocopilla.
En conversación con TL, el abogado defensor de Aravena, Tomás Ramírez, señaló que “los hechos descritos por la Fiscalía tratan sobre el trabajó que realizó Lizza Aravena con una fundación, trabajo que se realiza con todas las personas que intentan presentar proyectos para fondos no concursables; es decir, está dentro de su labor, recibir a estas personas, realizar observaciones técnicas, para que todas estas cumplan con los requisitos formales para que puedan ser aprobados por el Consejo Regional. Esto quiere decir que se utilizaron medios institucionales como en todos los casos. Lo que sucede que es que la Fiscalía confundió las actividades que tiene que hacer un funcionario público en caso de concursos públicos o licitaciones, donde no debe haber contacto con los oferentes, versus un caso donde de acuerdo al perfil de su cargo, es precisamente la labor de esta dirección, colaborar con las personas”.
“El tribunal sostuvo, en la audiencia de hoy, que eso es cierto, que Lizza Aravena no cometió ninguna infracción a sus deberes administrativos y lo que hizo fue precisamente ejecutar las labores propias de su cargo. Asimismo, ella tampoco participó en la toma de decisión definitiva, porque eso le corresponde al Consejo Regional, y tampoco en la ejecución misma del contrato del proyecto y la verificación de su cumplimiento y auditoría posterior. Esto es importante porque el fraude al fisco supone que una persona es consciente de que alguien realiza mal un trabajo que genera un perjuicio para el fisco, pero ella hizo justamente lo contrario, y eso es un problema adicional, porque la Fiscalía no investigó a fondo si es que el proyecto, que consiste en esterilización de animales en Tocopilla, se ejecutó o no”, añadió.
Ramírez fue crítico respecto al proceder de la Fiscalía y manifestó estar sorprendido, “por cuanto el año pasado Lizza Aravena declaró en calidad de testigo, y solo hace muy poco tiempo sostuvo que tenía calidad de imputada, y de hecho, quería que la causa se cerrara la próxima semana, impidiéndonos poder ejecutar razonablemente muchas diligencias, que acreditan que Lizza estaba cumpliendo con las labores de su cargo”.
Finalmente, el abogado aseguró que “vamos a solicitar una serie de diligencias para mostrar que Lizza Aravena ejecutó sus funciones de acuerdo a lo que se la ha mandatado, que es colaborar con las personas que presenten proyectos no concursables para que el Consejo Regional tome la decisión autónoma de financiarlos o no”.
Respuesta del GORE
Al respecto, el Gobierno Regional señaló que “la formalización marca el comienzo de la investigación, no es ni una condena o una absolución anticipada, y nuestra ley consagra el principio de inocencia de todas las personas, por lo cual debemos dejar que las instituciones funcionen y que el poder judicial como organismo autónomo pueda ejercer su trabajo”.
“Administrativamente la formalización no es causal de destitución en el servicio público y atendido, especialmente que el tribunal de garantía no ha estimado pertinente establecer medida cautelar alguna, es que no existe ningún cambio en la relación de los funcionarios con el gobierno regional”, añadió.
Finalmente, el GORE aseguró que “es un procedimiento penal que está en tramitación y cualquier decisión administrativa que se tome, mientras dure la investigación, se comunicará oportunamente, siempre pensando en el buen funcionamiento y cumplimiento de los roles que le competen a esta institución”.
